Por Julia Regina de Cardenal - Columnista de opinion politica
Ser padre de familia es una de las alegrías más grandes en la vida. Guiar, educar, formar, dar amor, cariño, atención, cuidar, proteger, estimular, animar y apoyar a los hijos es parte de ser padre o madre. Desafortunadamente hay intereses internacionales, con ideologías equivocadas en hacer que todo esto desaparezca, creando nuevas leyes o convenciones que supuestamente van dirigidas a proteger los derechos de los niños.
En una entrevista de televisión esta semana tres diputados hablaron sobre una ley de protección de la niñez y la adolescencia, que se puede aprobar pronto en la Asamblea Legislativa. Hubo varias llamadas al programa de padres de familia preocupados, porque el Estado podría tener más poder que ellos sobre sus hijos, hasta en la forma en que los disciplinamos. La diputada Bonilla explicó que ya existen leyes que protegen la integridad de los niños y que los abusos sexuales ya están tipificados como delito. Entonces ¿para qué se necesitan nuevas leyes y más burocracia, si no se logran respetar e implantar las que ya existen?
Si deciden aprobar esta ley esperamos que respeten el compromiso de hacer los cambios necesarios, aplicando los consejos que han dado los expertos en los temas legales de la familia y derechos humanos, para proteger el interés superior del niño que es la familia.
Poder transmitirles nuestra fe, hablar con ellos sobre moral, sexo, castidad, matrimonio, aborto, homosexualidad entre otros temas, siempre han sido considerados parte de los derechos de los padres, los primeros y principales educadores de sus hijos. Está comprobado que la familia estable es la solución a innumerables problemas económicos, sociales y educativos. La violencia familiar, la delincuencia juvenil, la drogadicción, el fracaso escolar, traumas infantiles, están estadísticamente relacionados con la desintegración familiar y las situaciones matrimoniales irregulares.
Aún así, en la actualidad, la familia tradicional basada en el matrimonio fiel y estable recibe muchos ataques, menosprecios y burlas. Según nuestras leyes, reconociendo todos los beneficios que recibe la sociedad, el Estado tiene la obligación de promover el matrimonio como garantía de compromiso que adquieren los esposos, para juntos sacar adelante el proyecto de una familia sólida y unida. Desgraciadamente esto no se da y hasta parece que hay cierto temor a ser criticado al hablar sobre el matrimonio.
Es alentador escuchar a doña Celina de Ávila, esposa del candidato a la presidencia de ARENA, hablar con tanta seguridad y claridad sobre la importancia de la familia funcional, escuela de valores y virtudes, donde los niños están mejor protegidos.
Esperamos que muy pronto podamos ver la posición de los candidatos y los partidos y que no dejen que se pierda esta oportunidad de ratificar la reforma constitucional que protege al matrimonio entre un hombre y una mujer y a los niños que pueden ser adoptados, resguardando su derecho a tener un padre y una madre.
El matrimonio es una vocación y la familia que cumple la función de humanizar a la sociedad no necesitan del apoyo del Estado para existir, puesto que existe mucho antes que el Estado. El reconocimiento jurídico del Estado de la unión entre un hombre y una mujer sirve para velar por el bienestar de los hijos, no del goce de algún estatus religioso o moral, sino el Estado tendría que legitimar otros vínculos religiosos o las muchas formas de amistades que hay en la sociedad civil, que no tienen el fin de preservar el interés superior de los niños.
Los poderes públicos tienen el deber de facilitar la tarea de los padres responsables que transmiten valores, virtudes y actitudes saludables, conformando la cultura de servicio que necesitamos. Señores diputados, cierren con broche de oro su trabajo y ratifiquen la reforma constitucional de una vez por todas.
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