Inteligencias de EEUU y España supieron plan para asesinar a jesuitas

Por Juan José Dalton/ Director Contrapunto.com

Documentos secretos de la inteligencia estadounidense ofrecen más luces por dónde encontrar a los responsables del asesinato de los jesuitas de la UCA. Esa nueva información ha sido proporcionada al juez que lleva el caso en España, y es probable que más nombres de responsables salgan a escena.

SAN SALVADOR – El proceso abierto en la Audiencia Nacional Española hace un año en contra de 14 oficiales y soldados salvadoreños por el asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras, hace exactamente 20 años, promete reveladoras sorpresas, que podrían poner en el banquillo de los acusados no sólo a los demandados actuales, sino a un sinnúmero de personas que si bien no participaron directamente en la confabulación, podrían llegar a considerarse “encubridores”.

Uno de los diarios de mayor influencia en España, “El Mundo”, reveló este domingo 15 de noviembre que “el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona”.

La fuente de El Mundo son documentos secretos de la inteligencia estadounidense, desclasificados recientemente.

La abogada veneciana Almudena Bernabeu, entrevistada por ContraPunto, explicó sin dar muchos detalles que “el proceso va bien, tenemos la expectativa de ganar. Hemos estado recopilando información cuatro o cinco años antes de iniciar la querella y en los últimos meses hemos conseguido documentos de las inteligencias de varios países del mundo, por ejemplo, del Pentágono y la CIA, de Estados Unidos, con lo que nuestro argumento de querellantes populares se fortalece”.

Otro de los detalles que aportó Bernabeu, referido a los documentos desclasificados, es el hecho de que sus contenidos y fuentes llegan a establecer que la “confabulación o el plan” para asesinar a Ellacuría, se fraguó desde el 13 de noviembre, tres días antes de la masacre. Es decir, no fue un plan de última hora hecho momentos antes de materializarse. Ello supone una planificación militar y política de gran envergadura, de la que supuestamente tuvieron conocimiento hasta personeros de inteligencia de Estados Unidos y España.

Todavía más. Si se trató de una gran confabulación político-militar, es de suponer que otros personeros (funcionarios o políticos) salvadoreños podrían también haber sido parte de ella o cómplices.

Judicialmente significa una madeja que se desenreda y que tiene varias direcciones, entre ellas la responsabilidad de cada quien. El dedo y la mirada acusadora se posan en todos aquellos que pudieron haber participado en el plan como autores intelectuales e igualmente se extiende hacia aquellos que lo encubrieron, es decir, que judicialmente habrían cometido un delito de acción por omisión.

En términos históricos, la verdad de la confabulación está a punto de revelarse, quizás, en su totalidad, cuando la incredulidad establecida con interés ha hecho creer a la sociedad salvadoreña que nunca toda la verdad sería develada.
Las revelaciones de “El Mundo”En la edición electrónica de “El Mundo”, de este domingo, se publicó en su sección de España un artículo del periodista Antonio Rubio, que en su parte medular revela el tema de los documentos desclasificados y sus repercusiones. Transcribimos los fragmentos de manera íntegra por su cardinal importancia.

Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".

Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.

La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.

EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.

Del estudio de esos documentos desclasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid (inteligencia española) también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.

Este periódico (EL MUNDO) se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.

Implicados de ‘muy alto rango’Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.

Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica, Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJA, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.

Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.

Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.

A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".

El látigo de los militares salvadoreños Bernabeu se ha convertido en el “látigo” de los militares salvadoreños que durante la guerra civil cometieron crímenes de lesa humanidad. Actualmente está en San Salvador, invitada especial a los homenajes que se le rinden a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, que fueron masacrados el 16 de noviembre, hace 20 años.

Entre los homenajes póstumos ofrecidos a los seis jesuitas asesinados, está la entrega a los familiares de ellos de la Orden “José Matías Delgado”, la más alta distinción nacional que otorgará el presidente Mauricio Funes. Hecho que no tiene precedente y que es posible sólo porque Funes es el primer mandatario de izquierda que gobierna a El Salvador en toda su historia, tras ganar las elecciones de marzo pasado.

Bernabeu labora para el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), que se ha encargado de perseguir dictadores y torturadores latinoamericanos residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Han detectado y enjuiciado a altos oficiales peruanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, entre otros.

“Nuestra labora, lo digo con mucho orgullo, ha buscado la verdad y la justicia. Y mira tú, las cosas han cambiado que ahora la Secretaría Nacional de Seguridad estadounidenses, que antes protegía a estos violadores de los derechos humanos, ahora compite con nosotros en las investigaciones para tratar de localizarlos”, apunta la abogada española.

El CJA ha vencido en juicio al teniente Álvaro Saravia, uno de los asesinos del Arzobispo Oscar Romero, ejecutado en 1980; al ex coronel Nicolás Carranza, ex jefe de la Guardia Nacional (GN), quien ordenó en 1980 el asesinato colectivo de seis líderes de opositor Frente Democrático Revolucionario (FDR) y a los ex ministros de Defensa, generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, acusados de secuestro y torturas en contra de varios presos políticos. Los militares han sido sentenciados a pagar varios millones de dólares en indemnizaciones, pero únicamente se han embargado 300 mil dólares. “Lo más trascendente es que sus casos han sido judicializados y fueron condenados como violadores y criminales de lesa humanidad”, recalca Bernabeu.

“El caso de los jesuitas en Madrid es diferente, se trata de un proceso penal. Quizás algunos vayan a la cárcel, pero habrá justicia. El juez Eloy Velasco es un excelente investigador”, dice Bernabeu. Antes de que termine este mes de noviembre se han citado a declarar como testigos a varias personalidades que investigaron el caso en El Salvador.

“Más no puedo decir”, apuntó la abogada, quien aclara que pese a que es un caso de Justicia Universal, hay “unanimidad” en el apoyo de parte de la sociedad española.

“Se han solicitado documentos certificados a las autoridades salvadoreños de los procesos locales; se están buscando las direcciones de los imputados para notificarles de las acusaciones y para que nombren defensores... Es decir, se acerca cada vez más el llamado a juicio o vista oral, y quizás si hay rebeldías, se dicten órdenes de arresto internacional”, explica Bernabeu.

Entre los acusados está el ex ministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda y el entonces jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo, entre otros que suman 14 militares ya en retiro. Inicialmente aparecía también señalado el ex presidente Alfredo Cristiani, como encubridor, pero el juez Velasco lo excluyó hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre.

Según la Compañía de Jesús en El Salvador, Ellacuría estaba intermediando entre Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a fin de llegar a un acuerdo negociado a la guerra civil que llevaba más de una década de duración. Sin embargo, la irracionalidad y la locura se impusieron entonces.

Los jesuitas y sus colaboradoras fueron asesinados en el marco de la más feroz ofensiva guerrillera que el FMLN haya montado jamás contra el Gobierno, en noviembre de 1989. Los asesinos eran parte de un batallón entrenado en los Estados Unidos en lucha contrainsurgente, y dejaron en la escena del crimen objetos alusivos a la guerrilla del FMLN para culparla del múltiple crimen.