Funes se desvincula de declaracion de Sanchez Ceren

elsalvador.com

Lunes, 23 de Noviembre de 2009"Quien define la política exterior es el Presidente de la República", respondió esta mañana el gobernante, Mauricio Funes, en alusión a las declaraciones brindadas por el vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, quien este fin de semana participó en el Congreso Extraordinario-Reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y suscribió el Compromiso de Caracas, con el que los partidos de izquierda buscan reafirmar el socialismo del siglo XXI.

En ese documento también se emite un rechazo al llamado "imperialismo", en referencia a Estados Unidos, una visión que Funes rechaza. "No comparto la visión de los países de América Latina con Estados Unidos. El vicepresidente no puede comprometer al Estado salvadoreño a definir su posición desde una perspectiva particular. El único que puede hacerlo es un servidor".
El mandatario reiteró que su "agenda es nacional" y está enfocada a atender las necesidad de los salvadoreños.

Además, dejó en claro que "la base de monitoreo en Comalapa se mantiene, independientemente de lo que piense cualquier partido político".

LO QUE DIJO SÁNCHEZ CERÉN

El fin de semana, el vicepresidente Sánchez Cerén externó que "los pueblos de América Latina deben unirse porque el imperio tiene una actitud desesperada de querer volver a rescatar su presencia en el continente, pero la aspiración de los pueblos es querer caminar hacia una ruta diferente".

El funcionario indicó que la desesperación del imperio es una alerta histórica, "porque nosotros enfrentamos al imperio en 12 años de guerra y lo derrotamos por la unidad de las fuerzas de izquierda de nuestro país y por la unidad con las fuerzas de izquierda de América Latina".
Durante esa reunión, a la que asistieron diferentes movimientos de izquierda del continente, el vicepresidente de la República, advirtió "que existe una amenaza real del imperio sobre Venezuela, Honduras y todos los pueblos del continente, y la única forma es enfrentarlos unidos, es por ello que compartimos la propuesta del presidente Chávez de crear la Quinta Internacional Socialista".

También hizo un llamado a estar "unidos por sacrificios y por lucha" y destacó que "Venezuela está dando ejemplo" de resistencia, publicó oficialmente el gobierno venezolano a través de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)

Las candidaturas independientes

Los recientes acontecimientos ocurridos en la Asamblea Legislativa nos llevan a la reflexión sobre la necesidad de las candidaturas personales debido a la disfuncionalidad democrática de los partidos políticos y a la poca eficiencia de la mayoría de los diputados y algunos funcionarios públicos.

Escrito por Guido Miguel Castro Viernes, 20 noviembre 2009 00:00

Los partidos políticos existentes, por voluntad popular o por arreglos político-jurídicos, no son más que remanentes de la guerra civil; se han vuelto anacrónicos, antihistóricos y contrarios a todo principio democrático.

No puede construirse ninguna forma de gobierno o de estado democrático ni esperarse la democracia de aquellos que nunca han creído en ella.

Los partidos políticos, independientemente de su signo ideológico o grupo de interés, desde los tiempos del Pro-Patria del general Martínez, lo único que han hecho es proteger el status quo.

Esta discusión nos conduce a tocar el tema de la supuesta “instrucción notoria” de los funcionarios de elección popular, que en teoría, junto a la moralidad notoria, deben ser requisitos para poder optar a los cargos de elección popular; sin embargo, no existe un método o instancia que valore o califique dicha “notoriedad”.

Es común escuchar en los medios de comunicación crasos errores conceptuales, técnicos, de dicción, de sintaxis, históricos y gramaticales de los funcionarios públicos, especialmente de los diputados. Es evidente que no se han preparado, no conocen de la historia nacional, ni siquiera la más reciente. Están más al tanto de las especulaciones de palacio y de los resultados del fútbol que de los grandes problemas nacionales.

Todos están enfocados en mantener un sistema de poder repartido entre todos con el fin último de proteger su supervivencia política. Siempre andan con paños tibios, cuidándose mutuamente las espaldas, tratando de quedar bien con todos, con la ANEP, con los “empresarios del transporte”, con las comisiones políticas de los partidos, con todos menos con el pueblo, que los eligió sin conocerlos.

¿Por qué se oponen los políticos tradicionales a las candidaturas independientes?

Para ello alegan trabas jurídicas que ellos mismos pueden superar, sean constitucionales o legales. Otros argumentan que la única forma de representación popular es a través de los partidos políticos; sin embargo, se oponen a la aprobación de la ley de partidos políticos. Otros ven fantasmas de dictadores en los posibles candidatos, hablan de pragmatismo, intenciones oscuras. La verdad es que el león juzga por su condición.

Un verdadero Estado Democrático de Derecho se construye con la verdad, con la correcta aplicación del derecho, no con los contubernios políticos. Los maridajes políticos deben cambiar por alianzas programáticas, los dinosaurios deben ceder su lugar a una nueva casta de políticos que estén dispuestos a construir una verdadera República, deben pasar al museo de la historia y los que queden tienen que aprender lo que no hay que hacer en la política. Los mejores hijos de la patria deben aceptar el reto de participar en política y dar lo mejor de sí mismos al pueblo.

¿Por qué la gente buena y capaz no se mete en política? La política en teoría es una de las máximas expresiones de la caridad cristiana, es una entrega sin límites en favor de los demás, es la consecución del bien común. El verdadero político debe ser capaz de renunciar a muchas cosas para entregarse a la vida pública; no llega a prevalerse de su cargo, llega a donarse, a dar lo mejor de sí mismo, a dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontró.

La política es servicio, honor, es hacer Patria.

CONCIERTO CRISTIANO BENEFICO PARA DAMNIFICADOS TORMENTA IDA

Washington DC, 19 de noviembre de 2009

Para difusión inmediata

ASUNTO: RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA DAMNIFICADOS DE TORMENTA IDA

CONVOCA: COMISIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA Y CÁMARA CENTROAMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA

LUGAR: IGLESIA BAUTISTA DE WASHINGTON,
5100 RANDOLPH RD, ROCKVILLE, MD, 20852

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2009

HORA: 10:00 AM

CONTACTO: PASTOR GUILLERMO MANGIERI

ESTIMADOS COMPATRIOTAS,

EL PUEBLO DAMNIFICADO POR LA TORMENTA IDA NECESITA DE LA AYUDA DE TODOS NOSOTROS EN EL EXTERIOR.

UNAMONOS EN ORACION Y ALABEMOS A DIOS EN UN CONCIERTO BENEFICO DE MUSICA CRISTIANA PARA RECAUDAR FONDOS Y AYUDAR A NUESTROS HERMANOS EN EL SALVADOR.

DISFRUTA CON TU FAMILIA DE UN MOMENTO AMENO Y DEMOSTREMOS UNA VEZ MAS NUESTRO PATRIOTISMO Y AMOR POR NUESTRO PAIS.

BENDICIONES.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL PASTOR GUILLERMO MANGIERI AL 301-770 -4844

Sincerely,

Walter Monge-Cruz
President
US Central American
Chamber of Commerce
and Industry
Washington DC
202-869-4446

EL PRECIO DE LA SOLIDARIDAD

Desde Washington DC
Por Walter Monge-Cruz
http://www.comisioncivicademocratica.org/

En momentos de tragedia, muchos seres humanos, llenan su corazón de amor hacia quien sufre, hacen a un lado su propio dolor y entregan sus dos manos para abrazar el reto del que llora, haciendo posible que el caído se levante lleno de convicción por descubrir un mañana lleno de luz, el cual, disipe la oscuridad del dolor que vive.

La desgracia de algunos, a veces se manifiesta como un caudal tempestuoso, que emana del poder de la naturaleza y derrama sin compasión un torrente de rocas que los arrastra hacia la inmortalidad, como sucedió en El Salvador esta pasada semana.

La desolación y muerte que observamos a través de videos y fotos, despierta un sentimiento de solidaridad desde el exterior, que se manifiesta en acciones profundas de patriotismo y deseos incondicionales de hacer resurgir nuestro país. Lo hacemos tragedia tras tragedia, siempre actuando con buena voluntad y sacrificio, con el único interés de asistir al que sufre.

Este trágico acontecimiento, causado por la tormenta Ida, ha producido que nuevamente, un manantial de solidaridad nazca hacia nuestro pueblo y se manifieste como un caudal espiritual, que emana del poder de Dios en cada uno de nosotros y derrama con compasión un torrente de buena voluntad que alimenta, viste y reconstruye la vida del hermano desamparado.

En todas partes del mundo adonde habitan salvadoreños, se realizan diferentes tipos de actividades para recaudar fondos y materiales. Millones de dólares están siendo enviados al país, los cuales, hacen posible sustentar las necesidades primordiales de mas de diez mil damnificados.

Estos gestos de solidaridad con nuestro país en tiempos de tragedia nacional, se aúnan, a la solidaridad con nuestras familias por medio de remesas; a la solidaridad con el sistema económico, por medio del consumo nostálgico, turismo, inversiones, remesas productivas, pago de impuestos; a la solidaridad con el sistema político y social, al contribuir en el proceso, respetar resultados electorales y promover la democracia.

Ese es el precio de la solidaridad del pueblo en el exterior, el cual se paga con gusto por amor al país. Un amor, que no se rompe nunca, sino que al contrario, cada año se hace más intenso. Y por ello, la diáspora merece reconocimiento, pero no, con la banalidad de los discursos políticos, ni las medallas al protagonismo individual, sino, con el derecho a ser legítimamente reconocido como salvadoreño. Y eso, es posible únicamente, con darnos la facultad de ejercer todos nuestros derechos constitucionales desde el exterior, siendo el más importante, permitirnos ejercer el voto en las próximas elecciones para diputados en 2012 y Presidente en 2014.
El pueblo en el exterior espera que se materialice la promesa de los dirigentes del FMLN, quienes, por décadas nos han visitado en Estados Unidos, identificándose como verdaderos y legítimos promotores de ese derecho democrático.

No existen excusas ahora, ARENA, ya no es piedra en el camino que obstaculice el proceso. El FMLN, cuenta con un Presidente que se comprometió a hacer el derecho al voto en el exterior posible y con una alianza política en la asamblea legislativa que lo faculta para allanar el camino.

Desde el exterior hemos demostrado reiteradamente nuestra solidaridad con El Salvador, es tiempo, que el pueblo salvadoreño se solidarice con nosotros y nos apoye a lograr una victoria en nuestra histórica petición.

Dios guarde las almas de quienes dejaron de sufrir los látigos de la pobreza y la negligencia de sus lideres políticos y que bendiga a cada uno de los que en este momento de dolor nacional, han hecho lo mejor por ayudar a quien lo necesita. Bendiciones a todos.

El próximo objetivo de Chávez: El Salvador

Estos legisladores no fueron elegidos como individuos, sino más bien como representantes del partido. Con sus votos, el FMLN ahora está a solo uno o dos votos de una mayoría de dos tercios. Si la obtiene, el partido puede decirle qué hacer al moderado Funes. Luego, los seguidores de Chávez estarán bien encaminados a ganar lo que sus aliados no pudieron obtener en Honduras.

Escrito por Mary Anastasia O'Grady / Periodista estadounidense Viernes, 13 noviembre 2009 00:00

Fidel Castro aprendió mucho del fallido paso por el poder del presidente chileno Salvador Allende, en 1973. El líder cubano usó las lecciones de esa amarga derrota para entrenar al venezolano Hugo Chávez sobre cómo alcanzar la dictadura por la vía democrática más de 25 años después.

Ahora, los revolucionarios de América Latina podrían estar experimentando otro revés y, en esta ocasión, no pueden afirmar que un golpe militar derrocó a su dictador en potencia. En cambio, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue arrestado por orden de la Corte Suprema y depuesto por el Congreso. Y a pesar de la enorme presión internacional, la democracia hondureña hasta ahora ha defendido su Estado de Derecho.

Sin embargo, lejos de darse por vencidos, los protegidos de Castro ya usan en El Salvador lo que aprendieron en Tegucigalpa. La democracia de libre mercado más prometedora de América Central ahora lucha por su vida.

Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas porque había pisoteado la Constitución. La Corte Suprema, el Colegio de Abogados y el Colegio Médico denunciaron su desapego a la ley. Según James R. Whelan, autor de una historia de Chile titulada Desde las cenizas, la Cámara de Diputados aprobó una resolución el 22 de agosto de 1973 que “decía claramente que era responsabilidad de los militares... ‘poner un fin inmediato’ al estado de caos y ‘encausar la acción del gobierno dentro de los marcos legales...’”. Menos de un mes después, los militares cumplieron.

La lección de Chile para la izquierda dura fue que el éxito depende de que primero se controlen las instituciones que tienen el poder de limitar a un aspirante a tirano. Ahora, el liderazgo del partido FMLN de El Salvador, compuesto por numerosos ex guerrilleros, intenta hacer justamente eso.

El partido político del FMLN demoró unos 20 años en acceder a la Presidencia. Muchos salvadoreños desconfían del partido debido a su violenta historia. Pero el candidato del FMLN, Mauricio Funes, hizo campaña como un moderado. La economía había sufrido durante la gestión del ex presidente Tony Saca, del partido ARENA, de centro-derecha. Los desilusionados salvadoreños buscaron un cambio.

Funes sigue siendo ampliamente considerado como un moderado. La semana pasada un ex presidente, Alfredo Cristiani, me dijo en una entrevista telefónica que, en su opinión, Funes “genuinamente no es parte del grupo dentro del FMLN que quiere conducir a El Salvador a una dictadura”.

Cristiani, sin embargo, está preocupado y tiene buenos motivos para estarlo. Hay muchos extremistas en torno a Funes, comenzando por José Luis Merino, a quien se le considera el líder de facto del partido. Su nombre de batalla, “Ramiro”, apareció como un aliado en correspondencia entre líderes del grupo guerrillero colombiano FARC que fue capturada por los militares colombianos en 2008.

Hace un par de años, en una entrevista con la prensa, Merino explicó la agenda política del FMLN de esta forma: “Es llegar al poder, conquistar a la entera y que esa forma de gobierno no cambie. Por supuesto, no con bayonetas ni con persecución. Hay ejemplos, como Venezuela, que es nuestro modelo”.

Las instituciones que se interponen en el camino de Merino son el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo Electoral. El partido intentó obtener el control del panel constitucional del más alto tribunal, junto con Saca cuando aún era presidente. Afortunadamente, el acuerdo tras bambalinas fue cuestionado y prevaleció la ley.

Pero lo ocurrido demostró que el FMLN realmente sigue el “modelo de Venezuela” de Merino. También sugiere que, como ya han advertido los críticos, Saca podría estar dispuesto a ayudar al FMLN. El ex presidente sabe que no es de extrañar que un partido político que accede al poder investigue a un ex presidente. Si Saca tiene algo que esconder, la mejor manera de hacerlo sería asegurarse de que no haya ninguna investigación.

La especulación sobre este tipo de maniobras políticas aumentó el mes pasado, cuando 12 congresistas de ARENA anunciaron que se escindían del partido. Luego de autodenominarse “independientes”, procedieron a votar con el FMLN contra una investigación que auspiciaba ARENA sobre abusos en subsidios agrícolas.

¿Qué motivó la separación? Cristiani me dijo que un alto miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) le dijo que por lo menos un congresista del PDC recibió una oferta de US$700,000 para votar con el FMLN. De forma separada, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, advirtió públicamente de múltiples ofertas de un intermediario de entre US$300,000 y US$500,000.

Saca niega cualquier tipo de involucramiento en el plan de compra de votos y, seguramente, Merino tiene suficientes motivos para actuar por su cuenta. Pero en la prensa salvadoreña circulan rumores sobre vínculos entre individuos cercanos a Saca y supuestos intermediarios que actúan en nombre de Merino.

La escisión de ARENA no es una traición cualquiera al electorado. En El Salvador los electores eligen una boleta de un partido. Los congresistas se nombran según cuántos votos obtuvo el partido. Estos legisladores no fueron elegidos como individuos, sino más bien como representantes del partido. Con sus votos, el FMLN ahora está a solo uno o dos votos de una mayoría de dos tercios. Si la obtiene, el partido puede decirle qué hacer al moderado Funes. Luego, los seguidores de Chávez estarán bien encaminados a ganar lo que sus aliados no pudieron obtener en Honduras.

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Artículo publicado en The Wall Street Journal

Fractura democrática

Desde los Acuerdos de Paz El Salvador ha venido dando, no sin dificultades, varios pasos positivos en su todavía frágil proceso de democratización. Los resultados electorales de las elecciones de 2009 mostraron en su momento, a pesar de todos los temores y malos augurios, que se podía llegar a la alternancia sin grandes traumas y rupturas.

Desde entonces varios hechos venían apuntando hacia la consolidación democrática: el moderado discurso de proclamación del candidato Funes como triunfador de las elecciones presidenciales, marcado por los llamados al diálogo y la unidad nacional; un período de transición cordial y sin grandes broncas, donde se llegó a aprobar de manera concertada una de las más cuantiosas operaciones de endeudamiento y refinanciamiento público; las negociaciones políticas que culminaron con la elección unánime de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que dio como resultado una Corte más calificada y de mayor perfil democrático; un entendimiento, aunque tardío, respecto a la elección del fiscal general.

Uno de los factores explicativos de nuestros avances democráticos, entre otros muchos, ha sido la existencia de contrapesos políticos (y en cierta medida también los sociales) dentro de la sociedad salvadoreña. Si la concentración de poder y control institucional que caracterizó la Presidencia de Saca no fue más allá, fue en parte resultado de los contrapesos políticos y sociales que encontró en el FMLN, así como en algunos sectores ciudadanos. Más aún, no es atrevido afirmar que la polarización, a la que tanto hemos criticado desde estas páginas, y seguiremos criticando, también tenía su lado positivo: la existencia de dos polos fuertes, haciéndose contrapeso el uno al otro.

Hasta acá todo parecía más o menos bien. Sin embargo, recientemente, con lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, ese elemento sustantivo de la democracia como son los contrapesos políticos, por el momento se ha roto, o al menos seriamente debilitado. Y esto, en cualquier circunstancia y país, es un riesgo para el ejercicio y avance de la democracia (si no miremos lo que pasó en Estados Unidos durante los años fuertes de George Bush o pasa en la Venezuela de Chávez).

Valga señalar que en otros períodos de nuestra posguerra la derecha concentró mucho poder y aplicó la aplanadora legislativa contra la oposición o el FMLN. Pero a diferencia de lo que ahora parece ocurrirle a ARENA, las divisiones que tuvo el Frente pudieron haber tenido un impacto a corto plazo, pero nunca lo debilitaron o hundieron políticamente. En adición, más riesgos se le presentan a la democracia cuando los factores explicativos de la pérdida de los contrapesos políticos va más allá de las causas electorales, y la aritmética política al seno de la Asamblea Legislativa no se define y cuenta en ideas sino en dólares.

Siempre hemos dicho que el país necesita de un gobierno fuerte, una izquierda fuerte y una derecha fuerte. Con la fractura que ha tenido la dinámica de los contrapesos políticos, también se fractura nuestro proceso democrático. Parece que el mismo presidente Funes se ha dado cuenta de ello cuando afirmó: “Especial preocupación genera en este servidor los hechos recientes ocurridos al seno del primer órgano del Estado. Me refiero a las señales de inestabilidad institucional, que a través de los medios de comunicación hemos conocido esta semana en la Asamblea Legislativa... Aunque parezca extraño lo que voy a decir, viniendo de un presidente que gana las elecciones apoyado por un partido de izquierda, que fue oposición por varias décadas, pero mi gobierno y la convivencia democrática de nuestro país requieren de instituciones partidarias fuertes y sobre todo cuando estos partidos son de oposición”. (Discurso del presidente Funes durante el lanzamiento del Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, San Salvador, 30/10/2009).

No cabe duda de que por el momento el más ganancioso de esta merma de los contrapesos políticos es el FMLN. Ahora goza de mayor influencia y poder. Pero así también recae en él una mayor responsabilidad por el buen uso de los mismos. Y ojalá lo utilice para contribuir al desarrollo democrático de nuestro país. Pero si en su seno se fortalece la tentación del esquema autoritario, a lo Venezuela y Nicaragua, donde se ocupan los espacios que da la democracia para luego cerrarlos, a lo único que contribuirá (habida cuenta de lo que ya ha pasado en nuestras tierras y acaba de suceder en Honduras) es a reeditar con sabor latino la guerra fría, volver a dividir el país entre buenos y malos, y a incubar otro conflicto de impredecibles consecuencias.

Por el bien de todos, ojalá lo entiendan a tiempo.

EUA vinculó a D´Aubuisson en el asesinato de los jesuitas

Un cable secreto remitido por el embajador de Estados Unidos en El Salvador en noviembre de 1989 al Departamento de Estado, decía que hubo una reunión de dirigentes del partido Arena en la que posiblemente se originó el complot para matar a los sacerdotes jesuitas. Según el memorando desclasificado, el embajador William Walker creía que el asesinato fue la ejecución de una orden del mayor Roberto d´Aubuisson.

Diego Murcia y Ricardo Vaquerano / Fotos: Frederick Meza

Publicada el 16 de noviembre de 2009 - El Faro

Cientos de personas se congregaron el fin de semana en las instalaciones de la UCA para conmemorar los 20 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas y para reclamar justicia, ya que el crimen está impune.

Hace 20 años, cuando la capital salvadoreña estaba asediada por una ofensiva militar de la guerrilla del FMLN, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, recibió en Washington un cable procedente de El Salvador. El documento llegaba marginado con dos términos que hablaban sobre lo delicado del asunto: “secret” y “nodis”, y en el espacio “subject” detallaba el asunto del que trataba: “Ellacuria assassination”. La información que trasladaba era tan grave que el remitente se atrevía a vaticinar que para el gobierno estadounidense venían días difíciles.

El memorando, fechado solo “nov 89” y firmado por William Walker, embajador estadounidense en El Salvador, contenía información sobre el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas ocurrido el día 16. En él, lo que Walker contaba a Baker era que tenía información sobre una conspiración de los más extremistas dirigentes del partido Arena para acabar con los religiosos que dirigían la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Hasta entonces, Estados Unidos había sido un firme aliado de los gobiernos salvadoreños que luchaban contra la guerrilla del FMLN desde 1980, y el posible involucramiento de su socio en el teatro de la guerra fría podía poner en aprietos al gobierno de George Bush padre. Por eso el documento tenía las clasificaciones de “secret” y “nodis” (no distribution).

Según Walker -quien no detallaba las fuentes-, un día antes del múltiple asesinato hubo una reunión de los dirigentes del partido Arena en la que se habló sobre los sacerdotes. Después de un sumario de dos párrafos, el cable iba al grano: “La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión la tarde del 15 de noviembre entre Roberto D´Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena”.

El documento no precisa quiénes habrán sido los seguidores más fanáticos de D´Aubuisson, pero sí deja claro que Walker consideraba que el fundador del partido tenía que ver con el crimen. “Si la conversación ocurrió como se nos reportó, de entre un grupo de doce participantes, uno o más de ellos decidieron ejecutar la orden implícita del mayor (Roberto d´Aubuisson) de limpiar el nido de subversivos en la UCA. Nosotros y el régimen de Cristiani tendremos tiempos muy difíciles por delante”, vaticinaba el diplomático estadounidense en aquella comunicación.

Estados Unidos, efectivamente, se había convertido durante la guerra en un socio fundamental para el gobierno salvadoreño en su lucha por neutralizar la guerrilla auspiciada por Cuba. Sin embargo, el hecho de que el asesinato de los jesuitas hubiera ocurrido a manos de personal del mismo gobierno respaldado por Washington, ponía en aprietos a la administración Bush, porque el Congreso podía demandar que se cortara la ayuda. En eso pensaba Walker cuando se refería a los tiempos difíciles que vislumbraba, “sobre todo por la enorme amenaza que la participación de los líderes de Arena representa para los esfuerzos realizados por el gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador, durante los últimos nueve años”.

El informe de Walker a Baker, de cinco páginas, forma parte de los aproximadamente mil 200 folios desclasificados durante el gobierno de Bill Clinton relacionados con la guerra en El Salvador. Dichos documentos registran las comunicaciones que intercambiaban la embajada de Estados Unidos en El Salvador y Washington, y sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas hay nueve tomos de información.

Walker estaba llamado a convertirse en protagonista de los últimos años de la guerra y de los primeros días de la paz salvadoreña, con una actuación que no pocas veces lo hizo blanco de críticas de los sectores de extrema derecha de El Salvador, que lo consideraban condescendiente con la guerrilla.

Hasta ahora, cuando se ha hablado de posibles autores intelectuales, ha habido dos versiones: una, que se basa en lo que hizo la justicia salvadoreña, y es que solo hubo autores materiales, pues nunca hubo una línea de investigación sobre posibles homicidas intelectuales. La otra es la que registró el informe de la Comisión de la Verdad, en 1993, que involucró a una docena de militares del más alto rango, incluyendo al entonces coronel René Emilio Ponce, quien era jefe del Estado Mayor cuando ocurrieron los crímenes.

En ese documento de 1989, sin embargo, Estados Unidos ya analizaba la posibilidad de que la dirección del partido que por primera vez acababa de ganar la elección presidencial estuviera detrás del asesinato de los seis sacerdotes, de una colaboradora y la hija de esta.

El embajador reconocía que no podía aportar pruebas sobre la vinculación de la cúpula arenera con el asesinato. Sin embargo, sus reiteradas alusiones al posible involucramiento de D´Aubuisson y de la dirección del partido Arena, daban a entender algún grado de convicción. Tanta certeza tenía sobre la veracidad de esa versión que se animó a proponer una acción inmediata: “Debemos asegurarnos de que Fredy Cristiani afronte el asunto. Si lo manejamos bien, y si Cristiani puede superar lo que admito es una prueba muy severa de su coraje político, él y nosotros podríamos salir airosos y fortalecernos respecto de esta variedad particular de extremistas”, apuntó el diplomático.

Esos días eran de intensos cambios en el mundo, porque el sistema que había tejido la Unión Soviética para oponerse a Estados Unidos estaba desmoronándose. La guerra fría estaba a punto de acabar e incluso el apoyo del bloque soviético a la guerrilla del FMLN iba a empezar a decaer paulatinamente. En Estados Unidos, El Salvador había sido una especie de barrera contra el comunismo y, en ese afán, Washington había invertido unos mil millones de dólares en ayuda militar entre 1980 y 1991.

“Los mártires nos llaman a la liberación”, era la consigna de este año.

Entonces, lo que menos quería la administración Bush era que un error de último momento volviera a poner las cosas difíciles en su relación con el régimen salvadoreño. El Congreso podría exigir que se suspendiera toda ayuda al país centroamericano y que se le convirtiera en una especie de paria por el crimen de los religiosos. “Si los elementos dentro del mando de su partido son capaces de una acción tan bárbara e increíblemente estúpida y si el origen de esa acción se derivó de la discusión entre un grupo tan importante de conspiradores creo que Cristiani debe saber ya o descubrirá pronto esta terrible verdad”, comentaba Walker sus reflexiones.

El gobierno de Cristiani, apurado, al principio aseguró que un comando del FMLN había sido el responsable de los homicidios, pero con los días, el mundo supo la verdad. Una decena de militares de distinta graduación fue a juicio, aunque las investigaciones nunca apuntaron a buscar a quienes habían planeado u ordenado el asesinato.

El crimen puso en máximos aprietos al régimen, asediado ya por la primera ofensiva militar de la guerrilla en San Salvador y en otras ciudades del país.

Sorprendida, la Fuerza Armada diseñó una serie de operativos de resguardo de las instalaciones militares principales en la capital, como el Estado Mayor. Por eso el coronel René Emilio Ponce reveló a la embajada de Estados Unidos que el 13 de noviembre, el batallón Atlacatl pasó bajo la dirección del Estado Mayor, que estaba en proceso de establecer zonas de operación en repuesta a los ataques de la guerrilla. La comandancia del Atlacatl fue dada al coronel Guillermo Alfredo Benavides el día 14, dos días antes de los asesinatos.

El día 15, la UCA estaba rodeada por más de un centenar de soldados, y dentro de ella estaban el rector, Ignacio Ellacuría, y otros sacerdotes jesuitas. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando del ejército penetró y dio muerte a Ellacuría, a otros cinco sacerdotes, a una empleada y a la hija de esta. Los hechores intentaron sembrar pistas falsas para involucrar al FMLN.

Cuando amaneció, el país y el mundo supieron la noticia. Entre ellos, el abogado Mauricio Eduardo Colorado. “Eran las 7:30, poco más o menos, cuando mi hijo se acerca a mí y me dice han matado a los jesuitas. Me fui para el despacho a informarme sobre los hechos. Yo tuve un doble impacto, porque había estudiado en el colegio externado San José, que era de los jesuitas, y mis profesores fueron el padre Montes y el padre López y López”, recuerda quien entonces tenía apenas siete meses de ser fiscal general.

Colorado debió ordenar el inicio de las investigaciones en un ambiente que hacía sumamente difícil su trabajo. Colorado había asumido el cargo en abril de ese año, después de que la guerrilla asesinó a su antecesor, Roberto García Alvarado, cuando le hizo estallar una bomba colocada en el techo de su camioneta blindada.

“Pasaron dos semanas sin que se lograra establecer con claridad una línea de investigación. Había cosas confusas: trataron de borrar pruebas, inducir otras causas. Pero, al final, con un recurso que yo en lo particular no estoy de acuerdo, se logró saber la verdad: se ofreció una recompensa por parte del gobierno con dinero de la embajada norteamericana, si mal no recuerdo. Pero dio resultado porque alguien fue y contó y después se verificó y resultó ser cierto”.

Esas pesquisas no llegaron ni hasta el coronel Ponce ni hasta Cristiani, a pesar de algunas versiones sobre su posible involucramiento. “Yo, en lo personal, pienso que el presidente Cristiani no estaba involucrado, porque de haberlo estado, también lo habría estado el embajador de Estados Unidos y posiblemente el Departamento de Estado de ese país”, dice Colorado.

En septiembre de 1991 se realizó un juicio a 14 militares, pero sólo fueron condenados el coronel Benavides, por la muerte de los seis jesuitas, y el teniente Yusshi Mendoza, por el asesinato de la empleada Elba Ramos y su hija Celina. Los demás imputados fueron absueltos.

El 23 de enero de 1992, el juez Ricardo Zamora condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza a 30 años de cárcel, pero 14 meses después, el 1 de abril de 1993, los dos militares fueron amnistiados y puestos en libertad cuando la Asamblea aprobó una Ley de Amnistía general impulsada por Cristiani.

No conformes con los resultado del juicio y la posterior absolución de los dos condenados, la UCA y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentaron una querella criminal contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y altos militares salvadoreños por encubrimiento, pero la Corte Suprema de Justicia se negó a reabrir el caso. Entonces, en noviembre de 2003, la UCA y el IDHUCA decidieron presentar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cada una con su farolito, mujeres provenientes de Chalatenango esperan que la tradicional marcha de los farolitos avance.

Ese juicio significó para Colorado una agria disputa con dos de sus manos derechas en el caso. Aunque considera que los culpables quedaron claramente señalados, admite la posibilidad de un vacío en la posible red de involucrados en el múltiple homicidio. “En la parte política de las cosas siempre hay aquello de que a lo mejor hay alguien más”, dice.

Y tras eso querían ir Henry Campos y Sidney Blanco, fiscales específicos que estaban en desacuerdo con la forma en que Colorado manejaba el caso. Ellos fueron los que, “en la parte política de las cosas” creían que había más personas involucradas.

Pero se toparon con sus jefes. “Los fiscales generales que conocieron en esa época del caso no solo no tenían interés por esclarecer a profundidad el hecho, sino que además tenían interés en contribuir a los límites que habían impuesto con obstaculizar e impedir cualquier ulterior investigación a otras responsabilidades arriba del coronel Benavides”, asegura Sidney Blanco, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las diferencias de criterio eran tan profundas que Colorado llegó a pedirle a Blanco y a Campos que se tranquilizaran, que no se tomaran tan a pecho su trabajo, pues en aquella atmósfera de suma tensión era mejor no asomar mucho la cabeza. “El doctor prácticamente amenazaba a los fiscales con que no insistiéramos en la investigación. Nos decía: ‘Miren, los acusados son coroneles y estos no perdonan. Estos no olvidan. No son pollos a los que están acusando. Son coroneles. Yo les pido que se mantengan al margen y que dejen al juez hacer lo que él quiera’.”

Colorado insiste en que él lo único que intentaba era salvaguardar la integridad de sus fiscales. “No sabíamos quién era, pero el que había hecho la cosa era un hombre o era un grupo decidido a cualquier cosa. Yo sentía la responsabilidad de proteger a mi equipo de fiscales y les pedía que fueran discretos y que no fueran a exponerse. Eso es lo que ellos sentían que era como que yo no los dejaba actuar”.

Blanco y Campos estaban seguros de que Colorado no solo no tenía interés en profundizar en las investigaciones, sino que además mantenía un tipo de comunicación inadecuada con los militares, esos mismos que eran potenciales imputados. “El doctor llegaba a veces vestido de militar camuflado a la Fiscalía, con ametralladora. Se bajaba como dos cuadras antes de la oficina y como una persona con delirio de persecución andaba con una ametralladora apuntando a nada. Era un espectáculo. Salíamos a la puerta de la Fiscalía a verlo, porque era gracioso verlo aparecer. Ese era el fiscal de los militares y además a este señor se le vio participando de las defensas civiles patrióticas. Era la clase de fiscal general que había”, lamenta Blanco.

Colorado hoy trabaja como privado. En su oficina, en una pared, tiene como adorno un arma de fuego antigua. No niega su afición con las armas de fuego, pero aclara que la anécdota que recuerda Blanco tenía que ver con su sensación de inseguridad personal de aquellos días, sobre todo después de la muerte de García Alvarado. “Una vez llegué camuflado. Una vez. Cuando estaba la ofensiva final. Y no llegaba con un fusil, era una metralleta. Era la guerra, había que defenderse”, dice.

Y cuando Colorado les sugirió que se limitaran a hacer solo lo que el juez Zamora pidiera, los fiscales específicos supieron que no saldrían de nada. El descontento de los fiscales también era con el juez, cuyo trabajo criticaban. “El juez Zamora se convirtió en un juez soberbio y sumiso”, dice Blanco. “Soberbio, porque estaba aferrado en conducir la investigación en los límites impuestos y de ahí no podía sacarlo nadie. Era su meta, era su misión. Y sumiso, porque no vi en él la figura del juez ideal, independiente, transparente, imparcial...”

Zamora admite que esos días eran difíciles para realizar su trabajo, pero que, en todo caso, se trataba de limitaciones y no de irregularidades en el desempeño de su labor.

Esa era la situación que afrontaban los funcionarios destinados a averiguar responsabilidades materiales e intelectuales en la muerte de los jesuitas, cuando se acercó una fecha de esperanza: Mauricio Eduardo Colorado estaba por terminar su período y había que ver quién lo relevaba. En abril de 1990, Roberto Mendoza Jerez se hizo cargo de la Fiscalía. No pasó mucho tiempo para que Blanco y Campos se desencantaran y perdieran las esperanzas de que las cosas iban a mejorar con el nuevo fiscal. “Él llegó, incluso, a prohibirnos, expresamente, asistir a ciertas diligencias, a presentar escritos al juicio, a dar declaraciones a la prensa. Incluso intentó separararnos a Henry y a mí porque decía que nos dábamos apoyo mutuo para estar en el caso”, relata el magistrado.

El extremo se produjo cuando hubo una serie de diligencias fundamentales a las que ni siquiera se les invitó a participar, a pesar de que eran los investigadores principales. “Y qué decir cuando declaraban algunos jefes militares, cuado declaró el jefe de la comisión de hechos delictivos y obviamente cuando declaró el presidente Cristiani, que ni siquiera nos notificaron para que estuviéramos presentes”, lamenta Sidney Blanco.

La declaración de Cristiani a la que no fueron invitados los fiscales ocurrió el viernes 7 de septiembre de 1990, en la oficina del juez cuarto de lo penal Ricardo Zamora, y el embajador Walker estaba muy pendiente de eso. “Cristiani no incluyó importantes revelaciones” en su declaración, informó el diplomático en un cable enviado a Washington.

Cansados de luchar contra corriente, el 9 de enero de 1991, Sidney Blanco y Henry Campos convocaron a una conferencia de prensa internacional para anunciar su renuncia como fiscales del caso jesuitas. Campos explicó su decisión en términos similares a los que ahora recuerda Blanco: “Nosotros creímos en un inicio que la Fiscalía General haría en este caso tan delicado el papel que realmente le corresponde, el papel que la Constitución le obliga a desempeñar en un caso de tanta trascendencia. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el interés de la Fiscalía, como institución, se había desviado a otros caminos... se nos comenzaron a cerrar espacios... incluso habíamos aceptado algunas limitaciones con tal de que se nos dejara colaborar o aportar algún esfuerzo... pero se nos limitaron las libertades para intervenir...”

Colorado atribuye la actitud de los fiscales a su novatez, cree que fueron impulsivos y que solo buscaban sobresalir para hacerse fama de buenos abogados penalistas.

Fama o no, Blanco se siente estafado por cómo ocurrieron las cosas. “Nos vieron la cara de tontos: los testigos mentían sistemáticamente, el Estado Mayor no colaboró eficazmente en la investigación, no proporcionó oportunamente la información. Los famosos libros de registros de la Escuela Militar se terminaron quemando...”

Esos libros de los que habla Blanco pudieron haber dado un giro radical a las investigaciones. La embajada de Estados Unidos en San Salvador y el Departamento de Estado lo percibían de esa manera, a juzgar por lo que les había dicho el juez Zamora. “En un conversación reciente, el juez Zamora relató que la primera vez que supo de la existencia de ciertos libros de registros de la Academia Militar fue por boca del teniente Yusshi Mendoza, uno de los sospechosos en el asesinato de los jesuitas. Mendoza testificó que él recibió órdenes del teniente coronel Camilo Hernández, entonces subdirector de la Escuela Militar, de quemar los libros una noche a principios de diciembre de 1989, a la medianoche. 16 libros fueron intencionalmente quemados, pero Zamora no sabía y había pedido una lista precisando lo que se había perdido. Él cree que los libros perdidos incluyen registros de traslados, registros de personal y registros de los movimientos del personal”.

Las investigaciones de los asesinatos nunca apuntaron a ampliar la esfera de involucrados más allá de los autores materiales. Cuando Walker informaba en noviembre de 2009 a James Baker del posible involucramiento de la dirección del partido Arena, lo hacía convencido de que era una terrible noticia, pero también que de eso podía sacarse algo positivo para depurar a su aliado salvadoreño.

El embajador cifraba sus esperanzas en un Cristiani aún novato en la presidencia, que se apoyaba en un partido comandado entonces por Armando Calderón Sol. “No puedo imaginarlo (a Cristiani) reaccionando sino con repugnancia cuando supo la muerte de Ellacuría”, decía el diplomático, quien no dejaba dudas sobre su convicción de la participación de dirigentes areneros en los crímenes. “Me reuniré de inmediato con el presidente y le diré que ha llegado el momento en que él escoja entre sus aliados políticos que están en contra de la democracia y aquellos que quieren construir un sistema democrático. Le diré al presidente que él y su gobierno pueden y deben, de una vez por todas, separarse de los responsables de esta barbarie.”

Al terminar la marcha, los visitantes se disponen a eschuchar la misa y a disfrutar el acto artístico.

Walker aseguró a sus superiores que había casi plena certeza de la participación del partido de derechas en los homicidios. “Hay evidencia circunstancial corroborable de la complicidad del ala de derecha política (en los crímenes”, dijo. “Solo tengo una duda como para pedir una acción inmediata: la carencia de información más concreta sobre quiénes estaban en la reunión, quiénes pudieron haber ejecutado las instrucciones y cuál fue el mecanismo que se utilizó”, reseñó.
Al final, los crímenes terminaron en nada. Porque los dos únicos condenados como autores materiales quedaron perdonados por la Ley de amnistía de 1993, y porque nunca se indagó a los responsables intelectuales.

La historia, sin embargo, no ha terminado. En noviembre de 2008 fue presentada ante la Audiencia Nacional de España una querella contra 12 militares salvadoreños -incluido Ponce- y el ex presidente Cristiani por el asesinato de los jesuitas y las dos mujeres que murieron con ellos. A los militares se les acusa de haber participado en crímenes de lesa humanidad y al ex presidente Cristiani de encubrimiento.

Un año después, este mes, la Audiencia Nacional conocerá los testimonios de los dos ex fiscales del caso, Henry Campos y Sidney Blanco. La Audiencia Nacional también ha pedido el testimonio de Kate Doyle y Terry Karl. La primera para hablar sobre la autenticidad de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la segunda para aportar una interpretación política de la guerra de El Salvador. Al juez que estuvo a cargo del juicio, Ricardo Zamora, también se le ha solicitado su testimonio, según el periódico La Vanguardia, de España.
También se llamó a testificar al ex fiscal general Belisario Artiga, al coronel Sigifredo Ochoa Pérez y al mayor Erick Buckland, del ejército de Estados Unidos, quien fue al parecer la primera fuente estadounidense en enterarse del involucramiento de militares salvadoreños en el crimen.

Según Almudena Bernabéu, una de las abogadas encargadas de presentar la querella en España, el ex presidente Alfredo Cristiani sigue siendo parte de esta querella como uno de los acusados. El juez de la causa se ha reservado la posibilidad de imputarlo más adelante, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso. “Imputarlo significa incluirlo como querellado en el proceso y por lo tanto sujeto a los derechos como a la investigación”, asegura.

Hasta ahora ninguno de los emplazados ha nombrado a sus abogados.

Inteligencias de EEUU y España supieron plan para asesinar a jesuitas

Por Juan José Dalton/ Director Contrapunto.com

Documentos secretos de la inteligencia estadounidense ofrecen más luces por dónde encontrar a los responsables del asesinato de los jesuitas de la UCA. Esa nueva información ha sido proporcionada al juez que lleva el caso en España, y es probable que más nombres de responsables salgan a escena.

SAN SALVADOR – El proceso abierto en la Audiencia Nacional Española hace un año en contra de 14 oficiales y soldados salvadoreños por el asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras, hace exactamente 20 años, promete reveladoras sorpresas, que podrían poner en el banquillo de los acusados no sólo a los demandados actuales, sino a un sinnúmero de personas que si bien no participaron directamente en la confabulación, podrían llegar a considerarse “encubridores”.

Uno de los diarios de mayor influencia en España, “El Mundo”, reveló este domingo 15 de noviembre que “el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona”.

La fuente de El Mundo son documentos secretos de la inteligencia estadounidense, desclasificados recientemente.

La abogada veneciana Almudena Bernabeu, entrevistada por ContraPunto, explicó sin dar muchos detalles que “el proceso va bien, tenemos la expectativa de ganar. Hemos estado recopilando información cuatro o cinco años antes de iniciar la querella y en los últimos meses hemos conseguido documentos de las inteligencias de varios países del mundo, por ejemplo, del Pentágono y la CIA, de Estados Unidos, con lo que nuestro argumento de querellantes populares se fortalece”.

Otro de los detalles que aportó Bernabeu, referido a los documentos desclasificados, es el hecho de que sus contenidos y fuentes llegan a establecer que la “confabulación o el plan” para asesinar a Ellacuría, se fraguó desde el 13 de noviembre, tres días antes de la masacre. Es decir, no fue un plan de última hora hecho momentos antes de materializarse. Ello supone una planificación militar y política de gran envergadura, de la que supuestamente tuvieron conocimiento hasta personeros de inteligencia de Estados Unidos y España.

Todavía más. Si se trató de una gran confabulación político-militar, es de suponer que otros personeros (funcionarios o políticos) salvadoreños podrían también haber sido parte de ella o cómplices.

Judicialmente significa una madeja que se desenreda y que tiene varias direcciones, entre ellas la responsabilidad de cada quien. El dedo y la mirada acusadora se posan en todos aquellos que pudieron haber participado en el plan como autores intelectuales e igualmente se extiende hacia aquellos que lo encubrieron, es decir, que judicialmente habrían cometido un delito de acción por omisión.

En términos históricos, la verdad de la confabulación está a punto de revelarse, quizás, en su totalidad, cuando la incredulidad establecida con interés ha hecho creer a la sociedad salvadoreña que nunca toda la verdad sería develada.
Las revelaciones de “El Mundo”En la edición electrónica de “El Mundo”, de este domingo, se publicó en su sección de España un artículo del periodista Antonio Rubio, que en su parte medular revela el tema de los documentos desclasificados y sus repercusiones. Transcribimos los fragmentos de manera íntegra por su cardinal importancia.

Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".

Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.

La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.

EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.

Del estudio de esos documentos desclasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid (inteligencia española) también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.

Este periódico (EL MUNDO) se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.

Implicados de ‘muy alto rango’Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.

Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica, Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJA, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.

Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.

Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.

A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".

El látigo de los militares salvadoreños Bernabeu se ha convertido en el “látigo” de los militares salvadoreños que durante la guerra civil cometieron crímenes de lesa humanidad. Actualmente está en San Salvador, invitada especial a los homenajes que se le rinden a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, que fueron masacrados el 16 de noviembre, hace 20 años.

Entre los homenajes póstumos ofrecidos a los seis jesuitas asesinados, está la entrega a los familiares de ellos de la Orden “José Matías Delgado”, la más alta distinción nacional que otorgará el presidente Mauricio Funes. Hecho que no tiene precedente y que es posible sólo porque Funes es el primer mandatario de izquierda que gobierna a El Salvador en toda su historia, tras ganar las elecciones de marzo pasado.

Bernabeu labora para el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), que se ha encargado de perseguir dictadores y torturadores latinoamericanos residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Han detectado y enjuiciado a altos oficiales peruanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, entre otros.

“Nuestra labora, lo digo con mucho orgullo, ha buscado la verdad y la justicia. Y mira tú, las cosas han cambiado que ahora la Secretaría Nacional de Seguridad estadounidenses, que antes protegía a estos violadores de los derechos humanos, ahora compite con nosotros en las investigaciones para tratar de localizarlos”, apunta la abogada española.

El CJA ha vencido en juicio al teniente Álvaro Saravia, uno de los asesinos del Arzobispo Oscar Romero, ejecutado en 1980; al ex coronel Nicolás Carranza, ex jefe de la Guardia Nacional (GN), quien ordenó en 1980 el asesinato colectivo de seis líderes de opositor Frente Democrático Revolucionario (FDR) y a los ex ministros de Defensa, generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, acusados de secuestro y torturas en contra de varios presos políticos. Los militares han sido sentenciados a pagar varios millones de dólares en indemnizaciones, pero únicamente se han embargado 300 mil dólares. “Lo más trascendente es que sus casos han sido judicializados y fueron condenados como violadores y criminales de lesa humanidad”, recalca Bernabeu.

“El caso de los jesuitas en Madrid es diferente, se trata de un proceso penal. Quizás algunos vayan a la cárcel, pero habrá justicia. El juez Eloy Velasco es un excelente investigador”, dice Bernabeu. Antes de que termine este mes de noviembre se han citado a declarar como testigos a varias personalidades que investigaron el caso en El Salvador.

“Más no puedo decir”, apuntó la abogada, quien aclara que pese a que es un caso de Justicia Universal, hay “unanimidad” en el apoyo de parte de la sociedad española.

“Se han solicitado documentos certificados a las autoridades salvadoreños de los procesos locales; se están buscando las direcciones de los imputados para notificarles de las acusaciones y para que nombren defensores... Es decir, se acerca cada vez más el llamado a juicio o vista oral, y quizás si hay rebeldías, se dicten órdenes de arresto internacional”, explica Bernabeu.

Entre los acusados está el ex ministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda y el entonces jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo, entre otros que suman 14 militares ya en retiro. Inicialmente aparecía también señalado el ex presidente Alfredo Cristiani, como encubridor, pero el juez Velasco lo excluyó hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre.

Según la Compañía de Jesús en El Salvador, Ellacuría estaba intermediando entre Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a fin de llegar a un acuerdo negociado a la guerra civil que llevaba más de una década de duración. Sin embargo, la irracionalidad y la locura se impusieron entonces.

Los jesuitas y sus colaboradoras fueron asesinados en el marco de la más feroz ofensiva guerrillera que el FMLN haya montado jamás contra el Gobierno, en noviembre de 1989. Los asesinos eran parte de un batallón entrenado en los Estados Unidos en lucha contrainsurgente, y dejaron en la escena del crimen objetos alusivos a la guerrilla del FMLN para culparla del múltiple crimen.

EDUCAR, ¿PARA ESCLAVIZAR O PROGRESAR?

Desde Washington DC
Por Walter Monge-Cruz
http://www.comisioncivicademocratica.org/

Hace un par de meses, sostuve una conversación electrónica con un destacado escritor latinoamericano, le pedí consejo sobre escritura, pero, antes de dármelo, me hizo el siguiente comentario: Los gobiernos en Latinoamérica, cada año invierten menos en educación. Luego, su sugerencia más importante fue: Escribe de manera simple. Sin duda, esa técnica de desmenuzar las palabras – como él dice – lo ha convertido en el autor latinoamericano más leído, ya que, como me comentó, sus libros son leídos sin problemas por un niño de catorce, como por un adulto de sesenta.

Muchos Latinoamericanos somos afortunados de poder entender una historia literaria o crearla gracias a tener una buena formación académica. Sin embargo, tristemente, en muchos lugares de Latinoamérica, el nivel de conocimiento educativo de un niño de catorce y uno de sesenta es el mismo, ambos son incapaces de leer un libro. Ambos son respectivamente, heredero y precursor de la esclavitud del tercer mundo. El niño esta destinado a sustituir al viejo en la maquila o en la milpa o en el campo petrolero, porque para eso han sido mal educados.

Un periódico salvadoreño informa esta semana un vergonzoso resultado académico de veinte mil bachilleres de todo el país, quienes reprobaron un examen de admisión a la Universidad Nacional, la nota promedio de estos jóvenes fue 3.9 de 10. Del total de examinados, solo un poco mas de dos mil sobrepasaron la nota mínima de aprobación que es 5.0. Estos aspirantes a educación superior en casi su totalidad provienen de las clases obrera, empleada y campesina, educados en institutos nacionales, y modestas escuelas privadas.

Altos niveles de educación son esenciales para obtener altos niveles de crecimiento económico. En países industrializados, la educación de la población es una prioridad política y económica; por ejemplo, el desarrollo tecnológico y científico esta directamente ligado al crecimiento económico. Así, países como Estados Unidos, mantienen una alta inversión en su sistema educativo, el cual, es fundamental para su liderazgo mundial. Este país educa a su población para progresar, en El Salvador para esclavizar y exportar seres humanos.

El resultado académico en El Salvador, es la consecuencia de la estrategia política de esclavitud moderna, que, el gobierno del ex presidente Antonio Saca ejecutó, por medio de su plan educacional hacia las clases pobres, para crear un capital humano descalificado y así poder contar con una fuerza laboral suficiente para satisfacer la demanda de inversionistas extranjeros y nacionales en busca de mano de obra barata, pero también, para acelerar la exportación de seres humanos, quienes desde el exterior inyectan billones de dólares a la economía.
Esta estrategia política no es única de El Salvador, se aplica en Honduras y Guatemala; tampoco es exclusiva de la derecha política, Nicaragua la aplica de igual manera.

¿Podemos esperar un cambio en la política educacional salvadoreña?

El Presidente Funes, ha prometido que sí, sin embargo, su reto es gigantesco, especialmente, cuando por presiones políticas se incapacita así mismo y juega con el futuro de la juventud salvadoreña, al nombrar como ministro de educación a un hombre cuyo mayor y último logro académico fue su modesta graduación como profesor rural de primaria en 1960, me refiero a Salvador Sánchez Cerén, quien además, es Vicepresidente del país.

Para realizar un cambio profundo en la política pública educacional y terminar con la esclavitud y exportación de seres humanos, es indispensable que los encargados de la educación sean personas con un alto nivel académico, con conocimientos científicos actualizados constantemente, pero sobretodo, con una tendencia a educar sin politizar.

Considero que un ministerio de educación en cualquier país de Latinoamérica debería estar compuesto con las mejores mentes intelectuales de la nación, ya que, ellos son los responsables de hacer surgir generaciones de latinoamericanos con nuevos valores morales, cívicos y éticos, capaces de resolver los problemas sociales, políticos y económicos de una manera inteligente y pacifica, que además, contribuya al crecimiento humanista, artístico y cultural, mejorando la calidad de vida y enriqueciendo el legado universal latinoamericano.

Mientras la tendencia para llenar posiciones de gobierno continúe siendo por favores o prebendas políticas, es muy difícil que países como El Salvador, surjan de la mediocridad académica o como lo demuestran estos veinte mil bachilleres, de la completa idiotez a la que han sido sometidos y condenados. Esta es una generación condenada a soportar las limitaciones económicas que el país ofrece o a emigrar para poder aspirar a la prosperidad que ofrecen los países del primer mundo, la cual, cada día es más difícil de conquistar.

Estos jóvenes deben ser conscientes de su deficiencia y ser responsables de hacer todo el esfuerzo para salir de esa canasta adonde han sido acomodados por quienes han sido y son responsables de sus ineficiencias y futuro. Los padres de estos jóvenes están en la obligación de hacer todo lo posible para animarlos a superar las barreras políticas que los sumergen en la pobreza, no pueden ser cómplices de los políticos, al ser indiferentes de este grave problema y dejar a sus hijos a la merced del sistema.

Espero que al final del siglo los escritores latinoamericanos no tengan que hacer dibujos en lugar de escribir palabras para hacerse entender, pero, si persisten los esquemas educativos como el de Antonio Saca y los encargados de Educación continúan siendo personas con perfiles académicos como el de Salvador Sánchez Cerén, es muy posible que los libros con dibujos tengan un tremendo auge en las próximas décadas y sea el nuevo método de entendimiento para el salvadoreño. Walter G. Monge-CruzPresidente
Cámara Centroamericana – Estadounidense de Comercio e Industria - USCACCI
Cel: 202-689-4446
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Lo feo, lo malo y lo bueno

En recientes días hemos sido sometidos los salvadoreños a un sube y baja de emociones políticas de incomparables proporciones, especialmente porque se dan en un contexto nada favorable por la crisis económica y de seguridad que vive el país.

Escrito por Rafael E. Lorenzana / Odontólogo

Miércoles, 04 noviembre 2009 00:00

La zozobra en la que vivimos constituye lo feo de la realidad salvadoreña. Los principales factores son la inseguridad física y jurídica en la que estamos sumergidos, observando impotentes que aquellos, los escogidos por los partidos políticos para defender nuestros intereses, están harto ocupados defendiendo los suyos propios y los de sus patrocinadores.

Feo, que mientras los criminales (comunes y corrientes) atacan a la población trabajadora, el interés está puesto en sacar raja política de la situación, en función de una lucrativa carrera, siguiendo el brillante camino de la corrupción, como bien les han enseñado algunos de sus antecesores en el gobierno.

Feo, que circulen en todos los estratos de la población los rumores que mientras algunos pierden empleos, otros compran voluntades con sumas millonarias, mientras las autoridades no se interesan en determinar la procedencia de ese dinero.

Feo, que el presidente de la Asamblea Legislativa ofrezca los votos de su partido para los préstamos a cambio de su puesto, sin saber si los préstamos convienen o no al país. Lo lamentable es que se salió con la suya.

Malo, que cada día se evidencia que el sistema político necesita de la reforma que reclama la sociedad civil, la misma que los políticos convenientemente han ignorado. Hoy, cuando se enfrentan a una crisis de la cual son absolutamente responsables, quisieran no haber sido tan prepotentes.

Malo, que un país como el nuestro no se cuente con una ley de partidos políticos que controle la procedencia e inversión de los fondos que reciben dichos institutos y que permita a los contribuyentes saber cómo se invirtieron sus aportaciones y no sean objeto de sorpresas, como la de ARENA.

Malo, que los candidatos a diputados no sean seleccionados por el pueblo en circunscripciones electorales, como lo manda la Constitución de la República, sino que los escojan las cúpulas de los partidos de las cuales estos interesados, mal llamados padres de la patria, también se burlan, como es el caso de los que traicionaron a ARENA y que en nada se diferencian con los que traicionaron en su oportunidad al FMLN.

Malo, que no se investiguen las cuentas de los ex funcionarios para establecer sin lugar a dudas su probidad y se disipen de una vez por todas las calumnias en su contra, en caso lo fueran.
Igualmente deberían aplicarse mecanismos que permitieran a esos diputados cuestionados probar que no han recibido dineros mal habidos. Tenemos que recordar a la anterior Corte Suprema que castró a la sección de Probidad en beneficio de oscuros intereses.

Bueno… de lo bueno poco. Afortunadamente la población es de lo bueno que tiene este golpeado país. Lamentablemente somos ingenuos cuando nos relacionamos con los políticos. Literalmente “nos dan atol con el dedo”, para usar la frase favorita del presidente Funes.

Tan ingenuos, que algunos creen que esta división de diputados es para favorecer al pueblo, que estos desconocidos diputados, de repente tienen otras capacidades que levantar la mano cuando el patrón ordena… somos ilusos.

Bueno, que tenemos por fin, una Corte Suprema de Justicia que está integrada, en buena parte, por excelentes y honorables salvadoreños que serán los únicos que podrán defendernos de lo que está por venir.

Sin ser pesimista debo aclarar, que si intereses oscuros controlan nuestra legislatura, lo único que se pueden esperar de ellos son “bausanadas”, como decía mi abuelo.

Ganador y perdedores en el contubernio de los diputados

La conformación de la nueva junta directiva es solo la manifestación más patente y más patética del oscuro pacto entre el FMLN, el PCN y el grupo de areneros renegados.

Escrito por Joaquín Samayoa / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA Miércoles, 04 noviembre 2009 00:00

La tragicomedia que mantuvo alborotada a la clase política salvadoreña por varias semanas tuvo un desenlace que se veía venir. La nueva mesa directiva del Órgano Legislativo quedó conformada a satisfacción de los que buscaban revancha, visibilidad y unos dólares más, a cambio de obedecer la línea del FMLN en lo que resta de la actual legislatura.

Una mesa que ya era absurda, por grande y por otras razones, se estiró aun más para acomodar a un par de advenedizos sedientos de reconocimiento. El que la presidía antes de la revuelta se las arregló para conservar su sentadera nueve meses más, a costa de la poca decencia que tal vez le quedaba.

El cabecilla de los que se sintieron maltratados por el nuevo COENA recibió abundantes elogios de un tránsfuga arenero de otras épocas y obtuvo su reivindicación escalando un peldaño hacia la efímera gloria que le habían negado. Ahora ostenta la Vicepresidencia que antes tenía el pescado de mayor rango, a quien le cobraron facturas acumuladas y lo expulsaron, a mucha honra, del Olimpo de los legisladores.

En medio de todo el barullo, el premio mayor se lo llevan los que manejaron sigilosamente todo el tinglado, los que siempre han sabido ser pacientes mientras inducen la llegada del momento oportuno, los expertos en agudizar contradicciones.

El diputado de nariz aguileña y remozado plumaje obtendrá más adelante la posición que tanto ha anhelado y siempre creyó merecer. Su partido ha logrado, a espaldas del pueblo, la mayoría que no pudo materializar en las urnas.

Hay que hacer notar, sin embargo, que el FMLN no es culpable de las divisiones en ARENA ni de la amoralidad del PCN, ni de la debilidad del PDC. El FMLN olfateó la sangre, fue al ataque y encontró presas fáciles. Puro instinto político. En su lugar, sus adversarios habrían actuado de la misma manera. El fiscal general, responsable máximo de velar por los intereses del Estado, tendrá que investigar a fondo los alegatos de que hubo compra de voluntades, lo cual añadiría un componente delincuencial a un pacto objetable también por otras razones.

La conformación de la nueva junta directiva es solo la manifestación más patente y más patética del oscuro pacto entre el FMLN, el PCN y el grupo de areneros renegados. Más allá de vendettas y vanidades complacidas en el reparto de los cargos directivos y de sus correspondientes prebendas, lo que se ha modificado substancialmente es el balance de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa y la relación de poder entre el presidente de la república y el partido que le permitió alcanzar esa posición.

Como si no hubieran transcurrido varios siglos de civilización, Ciro Cruz Zepeda y Guillermo Gallegos volvieron a entregar oro a cambio de espejitos brillantes.

Me adelanto al argumento de que en política las negociaciones y los pactos son algo muy normal. En la presente coyuntura, ese argumento lo esgrimen los que necesitan justificar vergonzosas acciones, lo aceptan los que no tienen coraje para nadar contra las corrientes del poder, y lo celebran los que reducen la moral a mera conformidad ideológica o conveniencia partidaria.

No hablamos aquí de negociaciones que buscan enmendar un proyecto de ley para que sea aceptable y beneficioso para la mayoría. Eso es legítimo y necesario. Lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa es algo muy diferente. Es la consumación de un chantaje político; es la renuncia por conveniencia o caprichos personales al ejercicio responsable de la función de contrapeso que los votantes le encomendaron al PCN y a todos los diputados de ARENA.

El gran ganador es el FMLN, que de ahora en adelante tendrá del cogote a los separatistas areneros y a la fracción del PCN, y ya no tendrá necesidad de entenderse con lo que queda de la oposición.

El gran perdedor es el electorado salvadoreño, al que le arrebataron artificiosamente la posibilidad de contar con una oposición fuerte en la Asamblea legislativa. También pierde mucho el propio presidente de la República, a quien el FMLN podrá presionar eficazmente desde el Órgano Legislativo, pudiendo superar, cuando sea necesario, el veto presidencial.

ARENA y el PDC quedan temporalmente debilitados tras perder una importante batalla por la aritmética legislativa, pero habiéndose resistido al chantaje, sientan un valioso precedente político y moral que les permitirá recuperar la confianza de los muchos que habían llegado a hartarse de su complicidad con la corrupción y de su constante manipulación de la institucionalidad democrática.

Doloroso desgarramiento en ARENA

La triste ruptura de ARENA ha despedazado al partido y a las esperanzas del país de tener un sano bipartidismo de dos grandes fuerzas alternativas, una adherente a la economía social de mercado, neoliberal, y otra socialdemócrata con un racional intervencionismo de Estado. Indudablemente los protagonistas del conflicto actúan convencidos de que trabajan por el bien de la patria. No puede negárseles que obran de buena fe. Sin embargo, para el público lo que nos presentan es un espectáculo de intereses personales, luchas de poder y carencia de lealtad.

Escrito por Ivo Príamo Alvarenga / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA Miércoles, 04 noviembre 2009 00:00

Los espectadores no entendemos las causas verdaderas que dieron origen al conflicto de ARENA, probablemente ni los actores las tienen claras. Pero sí advertimos que la crisis fue muy mal manejada.

En las dos mayores fuerzas partidarias ha habido un estilo opuesto para enfrentar las disidencias. El FMLN, especialmente la dirigencia de Schafik Hándal y el Partido Comunista, ha descerrajado con puño de hierro la cara de quienes se han atrevido a disentir. Desde Joaquín Villalobos hasta Salvador Arias (del que se rumoró estaba muerto y al parecer se encuentra muy enfermo), pasando por Facundo Guardado y los renovadores, el desviacionismo ha sido castigado con inmisericorde apartamiento y expulsión.

En ARENA, por el contrario, las rebeliones de los maneques, de Gloria Salguero Gross, Mario Acosta y otras, han sido tratadas con el guante de seda del diplomático. Siempre ha habido grupos identificados con tal o cual personaje y entre ellos se han negociado y logrado acuerdos.

La rebelión de los 12 diputados debió tratarse en esa forma. Su interés de participar en el COENA era comprensible. No se concibe que en la máxima autoridad política carezcan de voz los diputados y los alcaldes. Sensato habría sido aumentar el número de miembros del organismo, sin importar las dificultades que eso tendría, e incluir digamos dos representantes del grupo parlamentario y dos o tres alcaldes.

En cambio se partió de posiciones inmaduras inconciliables. Los 12 querían que se les abriera espacio, pero cortando la cabeza de ciertas personas; lo que les dio el tinte de que obraban en nombre de, y en contra de, alguna figura determinada. Se habló con frase poco feliz de un “turbio personaje de todos conocido”. Nunca se había calificado de “turbio” a ningún líder arenero porque haya querido, y logrado, formarse su círculo de poder. Ha sido norma negociar entre el grupo de fulano y el de mengano con el de perencejo, sin que por encabezarlo se haya anatematizado al líder, verdadero o supuesto. Lo que se había buscado hasta hoy era un equilibrio de fuerzas, o el predominio de una de ellas, limitándose las perdidosas a aceptar la realidad de los hechos.

Acusar a los disidentes de obedecer a mandatos de un sujeto en connivencia con uno de los peores enemigos del partido fue la peor forma de enfrentar el asunto. A nadie que sea monigote de alguien le gusta que se lo digan en público; menos que se lo espeten cuando es falso.

Esa falta de entendimientos, o de lucha por lograrlos, le ha costado carísimo al partido y al país. El saludable contraste entre dos poderosos oponentes pudiera convertirse en una merienda de negros, con una dispersión de pequeños sectores disputando entre sí ante la mirada serena del único fuerte y gran ganador, el FMLN. Y ARENA será uno de los pequeños sectores. Al presidente Funes le han hecho difíciles las cosas. Su moderación será complicada por deber congeniar con un desconcierto en vez de concertar con dos.

CORRUPCION JUDICIAL: CASO SARAVIA

Por Lic. José Rolando Monroy Sintigo, Jefe Unidad de Investigación Financieras de la Fiscalía General de la República.

Al matrimonio Saravia Bonilla y la sociedad de éstos (Domingo Antonio Saravia Argueta, Carmelina Bonilla Reyes de Saravia y Saravia Bonilla S.A de C.V.) se les encontró en el sistema financiero en operaciones de depósito la cantidad aproximada de $26,000,000.00, distribuida así:

Domingo Antonio Saravia: $10,000,000.00
Carmelina Reyes de Saravia: $3,500,000.00
Saravia Bonilla S.A de C.V. : $12,000,000.00

De los cuales solo declararon al fisco: $10,965,000.00, ello en concepto de comercialización de productos derivados del petróleo (combustibles), de las ventas de un restaurante denominado la Herradura ubicado en San Miguel y de la venta de productos alimenticios en la tienda de conveniencia que funciona en la gasolinera.

No encontramos otras actividades que les generara más ingresos a los señores ni a la sociedad, ni ellos presentaron justificantes del origen de aproximadamente $15,300,000.00 que no se declararon al fisco y que no son justificables legalmente, no hay origen licito que los ampare (herencias, loterías, juegos de azar, actividad laboral, industrial, profesional, comercial,) nada.

Por el contrario vinculamos legalmente al señor Domingo Antonio Saravia, con actividades delictivas generadoras de lavado de dinero y de activos como lo es el tráfico ilegal de personas a través de documentos certificados en los cuales, él fue denunciado en repetidas ocasiones y en algunas concilió en sede judicial (arreglo entre las partes imputado-victima) con los denunciantes, encontramos no menos de ocho procesos por este tipo de denuncias, y en una de los casos una de las victimas incluso proporciono una nota de abono con la cual comprobó que le deposito cierta cantidad de dinero al señor Saravia en una de sus cuentas, para que le trasladara ilegalmente a un familiar a los Estados Unidos.

Nuestra hipótesis:
Generalmente cuando existen fortunas injustificadas legalmente y sus dueños están vinculados con actividades delictivas generadoras de lavado de dinero, tenemos un caso concreto por dicho delito. En el caso que nos ocupa sostuvimos que el matrimonio Saravia Reyes movilizo bienes, fondos o derechos que provenían de actividades delictivas a sabiendas de su origen “ilícito”.

Prueba presentada:
Información financiera: registro de firmas de todas las cuentas, para establecer que tenía dominio y disposición de los fondos (dominio del echo), resultado los señores Saravia “ambos”.
Estados de cuenta de todas las cuentas: para establecer los montos depositados, retirados y transferidos.

Copias certificadas del Ministerio de Hacienda para establecer dos cosas: cuáles son sus actividades productivas y a cuánto ascienden las mismas.
Informe del CNR, sobre propiedades y otras sociedades.
SERTRACEN, sobre propiedad de vehículos.
ISSS, sobre dos cosas: los ingresos reportados por ellos, no excedían los US$200 mensuales y los empleados que tenían no superaba los cuatro.

Certificaciones de procesos seguidos en contra del señor Saravia por delitos generadores de lavado de dinero, obtenidos tanto de sede fiscal como judicial, no menos de 8, con el objeto de vincular a dicho señor a actividades generadoras de lavado de dinero.

Testigo: ex empleado del señor Saravia quien en su presencia manifestó que le colaboro en trasladar ilegales a Guatemala, que fue a traer armas a la casa del señor Saravia y que lo conocía.

El punto de honor del tribunal “la pericia” que nos excluyo “ilegítimamente” resumía todas las operaciones financieras “abonos” y “retiros” cantidades justificadas en el Ministerio de Hacienda y las que no lo eran (mismos montos referidos supra), el tribunal argumento que adolecía de defecto formal “falta de sello” pero ese perito no estaba actuando como consultor independiente, si no como perito oficial, designado y juramentado por el juez 9° de instrucción, razón por la cual bastaba con la firma del documento.

Lo grave es que, si el documento adolecía de algún requisito formal, la sanción no era su exclusión si no su valoración como indicio, véase art. 15 parte final del C. Pr.Pn.

Delito por el que se acusa:
CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales, computados conforme a lo establecido en el Artículo anterior, los hechos siguientes:
Literal b)
Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlos.

Valoración de la prueba:
Poseer y utilizar fondos: registro de firmas certificadas, estados de cuentas, cheques, adquisición de bienes (muebles e inmuebles)etc.

Sabiendo que derivan de actividades delictivas: vinculación del señor Saravia con actividades delictivas generadoras de lavado de dinero (certificaciones de denuncias y procesos, testigo, ausencia de origen licito de fondos millonarios). Y $15,3000,000.00 no pueden pasar inadvertidos para nadie.

Con la finalidad de legitimarlos: adquisición de vehículos, bienes inmuebles y además las conductas de depósito, retiro y transferencia llevan implícito la finalidad encubridora.
Quienes manejaban todo (o son los sujetos activos del delito): los esposos Saravia Reyes: a través de las cuentas bancarias disponían de los fondos, bienes inscritos a su favor.

Conclusión:
Acción típica: Adquirir, poseer y utilizar fondos bienes o derechos, ¿se cumple? R/ SI registro de firmas certificadas, estados de cuentas, cheques, adquisición de bienes (muebles e inmuebles).
El conocimiento de su origen ilícito: ¿sabían o podían saber que procedían de actividades ilícitas esos fondos? ¿Se cumple? R/ SI certificaciones de denuncias y procesos, testigo, ausencia de origen licito de fondos millonarios). Y $15,3000,000.00 no pueden pasar inadvertidos para nadie.

Finalidad: adquisición de vehículos, bienes inmuebles y además las conductas de depósito, retiro y transferencia llevan implícito la finalidad encubridora., ¿se cumple? R/ SI registro de firmas certificadas, estados de cuentas, cheques, adquisición de bienes (muebles e inmuebles).

Quienes lo hicieron o son los responsables: los señores Domingo Saravia y Carmelina Reyes de Saravia, ¿se cumple? R/ SI, eran ellos los que dominaban a su placer las cuantas propias y de la sociedad, registro de firma y bienes inscritos a su favor.

Solución:
¿Culpables o inocentes?
Decida usted