PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
INSULTO A LA NACIÓN
Compatriotas,
Esta semana pasada hemos tenido la oportunidad de escuchar al presidente de la junta directiva de la asamblea legislativa Rubén Orellana junto a otro caballero de su mismo partido político (PCN) Rafael Machuca, justificar el inmoral aumento salarial adjudicado por ellos la semana pasada.
Sus declaraciones han provocado dentro de la diáspora una indignación que sobrepasa los limites de tolerancia. Considero que no existen palabras que puedan cabalmente expresar la indignación que han generado las declaraciones de ambos directivos, quienes, carecen de todo respeto hacia la dignidad humana e incomprenden lo que significa tener el privilegio de representar los intereses del pueblo salvadoreño.
Escuchar al presidente de la asamblea legislativa nos ha provocado una tremenda tristeza para con nuestros compatriotas, ya que con cada palabra emanada de su boca, podemos comprender que los salvadoreños en las fronteras patrias están siendo liderados desde la asamblea legislativa por una persona que a todas luces demuestra una abismal incapacidad para liderar honestamente el destino de la nación; alguien quien además, demuestra deficiencia moral e incoherencia para producir pensamiento lógico o generar ideas debatibles en su argumento para justificar el aumento salarial.
En su declaración ofrece como excusa del aumento salarial la aplicación de una “nueva filosofía política”, que consiste en utilizar los fondos para el beneficio de la sociedad a la que representa, a través, de acciones de caridad, como el las llama como son: regalándoles “equipos de fútbol”, “donando a los masones”, etc.
Esas declaraciones, que transmiten el sentimiento de la mayoría de diputados, demuestran los verdaderos valores morales y éticos que existen en estas personas, así como, la manera como nos consideran a quienes constituimos la nación salvadoreña: seres humanos ignorantes e inmerecedores de respeto y consideración.
Durante las pasadas tres décadas la república ha sido sujeta a la notable corrupción de representantes de los partidos políticos PCN, PDC y ARENA. Millones de dólares del erario publico han sido robados para enriquecer ilícitamente a viles ladrones representantes del pueblo. Algunos de ellos sirven términos leves de prisión, otros han sido liberados, otros son prófugos de la justicia y certeramente habrá algunos otros quienes este día continuaran robando.
Clásicamente, se sabe que quienes se atreven a robar los fondos públicos, corren el riesgo de ser descubiertos - en algunos casos- e ir a la cárcel; pero ahora, la corrupción de estado, ha alcanzado un nivel de sofisticación, en el cual, el hurto de los fondos públicos, se disfraza con el nombre de “gastos de representación” con los cuales canalizan los fondos del pueblo hacia los bolsillos de estos inconscientes representantes del pueblo.
Su astucia disfraza esta acción de manera legal, con lo que se sienta un precedente considerado, como “traición a los intereses del pueblo”.
Esa es la “nueva filosofía política”, a la cual se refiere el profesor Orellana, la cual consiste en la inmoralidad y el cinismo.
Es aterrador el razonar que el destino de nuestra República se encuentra en las manos de personas con principios filosóficos tan errados como los del profesor Orellana y el resto de diputados por quienes ha hablado, los cuales son un ejemplo denigrable para la juventud salvadoreña y un riesgo para la paz social en el frágil sistema democrático del país.
El problema del liderazgo político de nuestra república es muy profundo, la honorabilidad, la ética profesional y el amor a la patria, son atributos que no son parte de la identidad política de nuestros lideres, quienes se pierden en sus ambiciones por poder y dinero, ignorando totalmente su patriotismo y responsabilidad publica por quienes los eligieron a representarlos.
Aparte de que sus políticas ideológicas fomentan la polarización, que genera el odio social y daña el desarrollo democrático, es aun más grave, que exista una macula democrática, como lo es en nuestro sistema de libertades la presencia política del Partido de Conciliación Nacional PCN; institución política que históricamente ha dañado al país e inmoralmente ha logrado sobrevivir debido a manipulaciones de la ley conspiradas con ARENA y el FMLN luego de las elecciones presidenciales del 2004.
Para cada uno de nosotros que amamos a nuestro país y somos patriotas, debería ser una prioridad el iniciar una campaña de participación cívica con la cual dejemos sin empleo a los propulsores de este aumento salarial, quienes son, todos los diputados del PCN.
Hago el llamado para que nos unamos a someter un amparo ante la corte suprema de justicia, para revertir la decisión de la asamblea legislativa, emitida tras las elecciones presidenciales del 2004, en la cual permitió que el PCN no fuese eliminado como partido político. De no poder revertir esa aberrante decisión, es nuestra responsabilidad de emprender una campaña de “NO VOTOS PARA EL PCN” en toda la república, haciendo énfasis en los ciudadanos de los departamentos de La Paz, Usulutan, Chalatenango y San Salvador.
La historia política salvadoreña muestra en su periodo más triste la insurrección armada del pueblo ante la opresión militar y la injusticia social, que dejo miles de héroes. Ahora, la opresión que la nación salvadoreña sufre es ideológica-política, y actos inmorales como el inmerecido aumento de salarios de los diputados abre la posibilidad real de una nueva insurrección.
Millones de salvadoreños en el exterior aportamos al país billones de dólares a través de donaciones durante emergencias nacionales; complemento a la economía nacional con nuestras remesas familiares que reducen los índices estadísticos de pobreza extrema; creación de desarrollo local con remesas productivas, fortalecimiento del sistema educativo al construir y equipar escuelas; promoción de nuestra cultura en el mundo; iniciativa empresarial que crea fuentes de empleo en nuestros lugares de origen; patrocinio al crecimiento turístico con inversiones y gastos en servicios; consumo de productos salvadoreños que fortalece a las exportadoras nacionales.
Millones de nuestros sacrificados dólares ganados por la mayoría de compatriotas limpiando casas, cuidando niños, cortando grama, construyendo casas y carreteras, cocinando, etc., son percibidos por las arcas del tesoro nacional y es inmoral que sean utilizados para mejorar las condiciones de vida de personas que “no tienen ética e ignoran las condiciones económicas de la mayoría del pueblo”, para vivir con salarios altamente incoherentes para la condición económica general a la que someten a la población en general. Aun así, con estos salarios inmerecidos, la mayoría de diputados, no se dedican con sacrificio y patriotismo a construir el país que todos deseamos, por el cual todos los ciudadanos honorables de la nación nos sacrificamos y que les exigimos que construyan.
He sido un critico profundo de Mauricio Funes, porque creo que su prepotencia y ambición personal, lo hacen sucumbir al dominio que deploro de los comunistas quienes a través de la comisión política del FMLN, lo manipulan. Sin embargo, en esta oportunidad, apoyo, su amparo ante la asamblea legislativa para revertir el aumento salarial, aun cuando considero que su acción es oportunista y electorera, pero, el insulto a la nación hecha por el PCN, PDC y ARENA, hoy me hace simpatizar con Mauricio Funes, el ciudadano, no el partido FMLN, quienes también aprobaron el aumento salarial.
Este día nos unimos salvadoreños en el exterior, sin y con afiliación o simpatía política por los partidos políticos en El Salvador, en un gesto patriótico y de lealtad para nuestros hermanos en las fronteras patrias y exigimos:
1. Que el incremento de salarios sea revertido.
2. Que los fondos de ese aumento ya recibido sean donados y repartidos entre fundaciones e iglesias, que beneficien con programas sociales y educativos a los niños, ancianos y madres solteras de la república.
3. Que se reduzcan los salarios vigentes de los diputados a solamente 10 salarios mínimos, lo cual refleje que ser servidores públicos no tiene como fin el vivir holgadamente, mientras la mayoría del pueblo, sufre el alto costo de la vida con salarios de hambre e incentivar a que futuros aumentos de salario deben ser en la misma proporción como se aumente el porcentaje del salario mínimo.
4. Que se impulse una política de austeridad estatal, en la cual los costos de viáticos, hospedaje, transporte, seguridad, comunicaciones y representación, sean reducidos a la mitad y algunos de ellos eliminados, como ejemplo, el subsidio de gasolina y acceso a automóviles.
5. Que se elimine la contratación de personal publico a través de contratos y que se implemente únicamente una política de contratación basada en una nueva ley de salarios.
6. Que la corte de cuentas de manera publica proporcione un informe sobre los bienes del presidente de la república, todos los diputados, ministros, presidentes de autónomas y alcaldes, antes de la posesión de sus cargos y a la conclusión del actual año fiscal.
7. Que se inicie en dos semanas un proceso que garantice el voto en el exterior.
Desde el exterior sacrificamos tiempo y dinero para ayudar a nuestro país, y El Salvador el día de hoy es un país que todavía oprime al pobre, y ninguno de los actuales políticos tiene un concepto filosófico para analizar la realidad de nuestra nación o visión pragmática de cómo solucionar los grandes problemas de la república o voluntad cristiana de trabajar por los intereses de la nación desposeída.
La insurrección popular es el único camino que los políticos salvadoreños nos dejan a los patriotas y como ciudadanos salvadoreños, tenemos ese derecho constitucional.
Esta insurrección no es militar, sino pacifica, porque no es con muerte que le daremos vida a una república enferma; sino con paz, visión de patria y “administración de las remesas, el gasto y la inversión”.
Solicitamos a nuestros familiares en la república y a toda la población en general, para que apoyen solidariamente nuestra iniciativa patriótica, comprometiéndose a quebrar los círculos de poder económico y político histórico en el país que no permiten la equidad económica y el desarrollo social de los desposeídos.
Esta iniciativa debe ser implementada a través de la administración de las remesas, el control en el gasto de ellas y en el paro de la inversión, hasta que los puntos exigidos en los numerales 1 hasta el 7 anteriormente, sean cumplidos satisfactoriamente.
Los invitamos a que:
A. Cierren las cuentas bancarias de los bancos salvadoreños y transfieran los fondos a bancos no salvadoreños.
B. No compren productos de consumo alimenticio en ningún supermercado salvadoreño, acudan en lo posible a los mercados y gasten el dinero en los productos que venden los pobres, no los ricos.
C. No compren productos Diana, Coca Cola, bebidas alcohólicas y cigarrillos de empresas adonde existen intereses económicos del capital histórico.
D. No compren productos en Siman o almacenes similares que pertenecen a los intereses del capital histórico.
E. No compren en la gran vía, metrocentro, plaza mundo, multiplazas, plaza merliot, las cascadas o centros comerciales en el interior de la república, adonde los representantes del poder económico histórico tienen intereses.
F. No asistan a los cines, restaurantes y demás lugares de entretenimiento en los sectores adonde el poder económico histórico se lucra.
G. Identifiquen los negocios de las familias de poder económico histórico en el país y no gasten un dólar en ellos.
Demostremos que juntos sin ideologías políticas, sino como hermanos salvadoreños que somos tenemos el poder de insurrección pacifica para incidir en las políticas publicas, en el desarrollo de nuestro país y crear una nueva república, apoyando estas sugerencias.
Para los salvadoreños de la diáspora:
1. No patrocinemos a TACA, no viajemos en TACA.
2. Detengamos los proyectos productivos de desarrollo local, educacionales, sociales.
3. Enviemos remesas familiares a través de bancos no salvadoreños o a través de viajeros de confianza. No por Bancomercio, Banagricola, etc.
4. Esta próxima semana santa, no gastemos dinero en los hoteles, restaurantes, centros comerciales de las familias del gran capital histórico, apoyemos con nuestros dólares los negocios de nuestros hermanos que no pertenecen a la elite económica.
5. No consumamos productos Diana en el exterior.
6. No compremos casas en los mega proyectos de los grupos de poder económico histórico.
7. Inculquemos en nuestros familiares la necesidad de unirse a esta demostración cívica por amor a nuestro país, a nuestra nación y a la dignidad que nos merecemos todos.
Manifestemos nuestra importancia como poder económico, como diáspora, como pueblo, como hermanos, seamos una sola patria e iniciemos a crear una nueva república.
Bendiciones,
Este mensaje es liderado por:
Walter Monge-Cruz
Secretario General
Comisión Cívica Democrática.
www.comisioncivicademocratica.org
y es respaldado por miembros de la diáspora de diferentes ideologías políticas que residen en diferentes ciudades de Estados Unidos.
Monday, January 28, 2008
Wednesday, January 23, 2008
© MI REPUBLICA II: Un nuevo principio ideológico e identidad política
Por Walter Monge-Cruz
www.waltermonge@comisioncivicademocratica.org
www.comisioncivicademocratica.org
¿Qué puedo interpretar, cuando observo que las fuerzas ideológicas de los nacionalistas y revolucionarios, sumergen a la nación salvadoreña con sus discursos y acciones políticas en un proceso que despoja o hurta su libertad a través de la mentira y la inconciencia, haciendo de esta nación, solo una masa que se manipula y domina?
Un ejemplo que contradice sus discursos con sus acciones y conceptúa mi interpretación de la manipulación y el dominio que ejercen sobre el destino de la nación, es el aumento salarial que esta semana se auto adjudicaron los diputados nacionalistas y revolucionarios de la asamblea legislativa, a quienes el termino de “traidores de la patria”, encaja a la perfección.
El resultado de esta indignante acción, es el despojo legalizado de los fondos del erario publico, que deberían estar destinados al fortalecimiento de los servicios sociales o saláriales que el pueblo “pobre” necesita y que al no ser distribuidos moralmente, coartan la libertad de la mayoría de los ciudadanos, a quienes mantienen esclavizados con salarios de hambre que oscilan entre $150 - $700 dólares mensuales.
Históricamente, el político salvadoreño asocia su intención de ser político bajo un propósito ideológico inconsciente en la naturaleza moral de servir al desposeído; el filosofo revolucionario alemán, precursor del comunismo y el socialismo Friedrich Engels define esta ideología como: Un proceso realizado conscientemente por el así llamado pensador, en efecto, pero con una conciencia falsa.
El motivo moral que el político salvadoreño promueve en su discurso ideológico para ser electo como representante del pueblo, se convierte en inmoral, al adjudicarse sueldos de $7725.15 para los directivos y $5885.72 para el resto de diputados; cantidades que son incongruentes con la realidad del estado económico del país, pero sobretodo cuando el salario de la mayoría de los ciudadanos que representa es exponencialmente inferior.
Este inmoral acto en el cual nacionalistas y revolucionarios se adjudican beneficios económicos sin meritos, debería ser causa de profundo análisis en la conciencia patriótica del electorado, de manera que, trascienda a exigir un cambio radical y un reporte transparente de la manera como se administran los fondos del estado.
La ideología revolucionaria que promueven los socialistas del siglo XXI, y que aun se mantiene intacta en sus conceptos teóricos definidos por Engels y Marx, que consiste en promover cambios cualitativos en el orden económico, político y social, es traicionada con este aumento salarial, lo que transforma su concepto existencial de ideología en hipocresía.
El status quo ideológico defendido por los nacionalistas, conciliadores y demócratas cristianos, trasciende con este aumento de salario, en convertir su propósito histórico de defensa y raciocinio por el orden económico, social y político, en el mas puro concepto de cinismo.
Generacionalmente las doctrinas ideológicas del nacionalismo y el socialismo en El Salvador han transformado a la nación salvadoreña en dos patrias que han generado un estado enfermo, el cual denigra el sacrificio histórico que dio origen a la república.
Integrar una sola patria, es un reto titánico, y es la responsabilidad de quienes tienen el poder absoluto sobre el estado y los políticos; esa es responsabilidad de quienes constituimos la nación, quienes somos el pueblo y quienes podemos ejercer el derecho del voto directamente o influenciar en la decisión de quienes pueden emitirlo por nosotros.
Definir una nueva ideología que doctrinalmente fundamente un nuevo dogma de las ciencias políticas aplicadas actualmente en El Salvador es imperativo para diseñar un plan de nación que promueva un saneamiento profundo del estado de hipocresía, cinismo y traición que impera en la mayoría de los representantes del pueblo, promovidos bajo los conceptos ideológicos del nacionalismo y la revolución.
Obtener una identidad política pragmática propia también es imperativo, de esa manera podemos enfrentar nuestros problemas e intereses como nación soberana y detener la ingerencia de intereses foráneos que insultan la soberanía nacional y la autonomía de la república.
Próxima entrega: Principio ideológico y nuestra democracia en el siglo XXI
www.waltermonge@comisioncivicademocratica.org
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¿Qué puedo interpretar, cuando observo que las fuerzas ideológicas de los nacionalistas y revolucionarios, sumergen a la nación salvadoreña con sus discursos y acciones políticas en un proceso que despoja o hurta su libertad a través de la mentira y la inconciencia, haciendo de esta nación, solo una masa que se manipula y domina?
Un ejemplo que contradice sus discursos con sus acciones y conceptúa mi interpretación de la manipulación y el dominio que ejercen sobre el destino de la nación, es el aumento salarial que esta semana se auto adjudicaron los diputados nacionalistas y revolucionarios de la asamblea legislativa, a quienes el termino de “traidores de la patria”, encaja a la perfección.
El resultado de esta indignante acción, es el despojo legalizado de los fondos del erario publico, que deberían estar destinados al fortalecimiento de los servicios sociales o saláriales que el pueblo “pobre” necesita y que al no ser distribuidos moralmente, coartan la libertad de la mayoría de los ciudadanos, a quienes mantienen esclavizados con salarios de hambre que oscilan entre $150 - $700 dólares mensuales.
Históricamente, el político salvadoreño asocia su intención de ser político bajo un propósito ideológico inconsciente en la naturaleza moral de servir al desposeído; el filosofo revolucionario alemán, precursor del comunismo y el socialismo Friedrich Engels define esta ideología como: Un proceso realizado conscientemente por el así llamado pensador, en efecto, pero con una conciencia falsa.
El motivo moral que el político salvadoreño promueve en su discurso ideológico para ser electo como representante del pueblo, se convierte en inmoral, al adjudicarse sueldos de $7725.15 para los directivos y $5885.72 para el resto de diputados; cantidades que son incongruentes con la realidad del estado económico del país, pero sobretodo cuando el salario de la mayoría de los ciudadanos que representa es exponencialmente inferior.
Este inmoral acto en el cual nacionalistas y revolucionarios se adjudican beneficios económicos sin meritos, debería ser causa de profundo análisis en la conciencia patriótica del electorado, de manera que, trascienda a exigir un cambio radical y un reporte transparente de la manera como se administran los fondos del estado.
La ideología revolucionaria que promueven los socialistas del siglo XXI, y que aun se mantiene intacta en sus conceptos teóricos definidos por Engels y Marx, que consiste en promover cambios cualitativos en el orden económico, político y social, es traicionada con este aumento salarial, lo que transforma su concepto existencial de ideología en hipocresía.
El status quo ideológico defendido por los nacionalistas, conciliadores y demócratas cristianos, trasciende con este aumento de salario, en convertir su propósito histórico de defensa y raciocinio por el orden económico, social y político, en el mas puro concepto de cinismo.
Generacionalmente las doctrinas ideológicas del nacionalismo y el socialismo en El Salvador han transformado a la nación salvadoreña en dos patrias que han generado un estado enfermo, el cual denigra el sacrificio histórico que dio origen a la república.
Integrar una sola patria, es un reto titánico, y es la responsabilidad de quienes tienen el poder absoluto sobre el estado y los políticos; esa es responsabilidad de quienes constituimos la nación, quienes somos el pueblo y quienes podemos ejercer el derecho del voto directamente o influenciar en la decisión de quienes pueden emitirlo por nosotros.
Definir una nueva ideología que doctrinalmente fundamente un nuevo dogma de las ciencias políticas aplicadas actualmente en El Salvador es imperativo para diseñar un plan de nación que promueva un saneamiento profundo del estado de hipocresía, cinismo y traición que impera en la mayoría de los representantes del pueblo, promovidos bajo los conceptos ideológicos del nacionalismo y la revolución.
Obtener una identidad política pragmática propia también es imperativo, de esa manera podemos enfrentar nuestros problemas e intereses como nación soberana y detener la ingerencia de intereses foráneos que insultan la soberanía nacional y la autonomía de la república.
Próxima entrega: Principio ideológico y nuestra democracia en el siglo XXI
Friday, January 18, 2008
MI REPUBLICA
© MI REPUBLICA
Mi República I
El Salvador abre una página muy importante en el libro de su historia este nuevo año, el cual entre abrazos, besos, buenos deseos, celebración y resoluciones, ha iniciado; similarmente inicio el año pasado, la década pasada y consecuentemente década tras década desde los principios de la república.
Nacionalismo y revolución. Dos conceptos que constituirán el tema más importante dentro del dialogo transnacional salvadoreño de este año, el cual es, la democracia. Ambos conceptos ideológicos tienen dividida a la nación bajo los nombres, libertad, que promueven los nacionalistas y esperanza, de parte de los revolucionarios.
El sistema democrático de nuestro país ha evolucionado de una manera positiva a partir de la firma de los acuerdos de paz, los cuales en dos días cumplirán dieciséis años de haber dado fin a la guerra civil.
Sin duda, la transparencia electoral es el logro más importante dentro de nuestra democracia, aunque, la elección libre de representantes del estado, genere corrupción, crimen, inseguridad social y económica, pobreza, alto costo de la vida, emigración, servicios sociales mediocres, etc.
Tras dieciocho años de gobierno nacionalista, el mensaje presidencial de fin de año se mantiene invariable, el mensaje opositor de la misma manera tampoco cambia, mas las condicionas de vida del pueblo que cree en la libertad y la esperanza, si cambia, pero no de la manera propicia, no de la manera prometida por nacionalistas y revolucionarios.
El Salvador sin remesas familiares, remesas productivas y el turismo de la diáspora, sería sin duda un país extremadamente pobre y con poca esperanza. En la guerra, la ayuda económica del gobierno estadounidense, fue la fuente principal para hacer funcionar nuestra economía; en la paz, la emigración con sus remesas es esa fuente.
Claramente en esta realidad, las políticas públicas del nacionalismo y de la revolución, después de una década en la cual ambos han gobernado el destino de nuestra república, no han sido capaces de crear un sistema democrático estable y sano, el cual produzca progreso sustantivo y bienestar equitativo a la nación.
Ambas ideologías sostendrán una batalla sin precedentes en nuestra historia este año, ambos conceptos ideológicos mantendrán que son lo que el país necesita para salir adelante, ambos partidos políticos que representan estas ideologías invadirán los medios de comunicación para atraer votantes y así mantener vivo el sistema democrático.
Muchos de los temas importantes de la nación quedaran relegados y muchas de las necesidades del pueblo ignoradas, debido a la concentración de la atención de parte de los representantes del estado al proselitismo ideológico, quienes esperan impacientes este periodo para hacer la política que ellos conocen y que los identifica.
Inmersos, en discursos de logros, promesas, temor y esperanza que el proceso de propaganda política dictara en el transcurso del año, los ciudadanos en las fronteras patrias tendrán que decidir su futuro bajo la influencia de los mismos políticos quienes por medio siglo han moldeado el país que ahora El Salvador es.
No existe desde mi punto de vista algo nuevo, que pueda ser una causa de cambio que influya positivamente en la realidad social y económica del pueblo o que signifique esperanza para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.
Otras caras, mismos ideales, similares respuestas.
Para los políticos nacionalistas y revolucionarios, hacer política significa defender ideologías copiadas de realidades sociales de otros pueblos, como el capitalismo y el socialismo, aplicar sus doctrinas a la realidad salvadoreña y establecer políticas publicas que han demostrado ser deficientes para resolver las grandes necesidades y retos de la república.
Otra forma de hacer política de los nacionalistas y revolucionarios, es evadir el debate de altura y promover campañas de difamación, acusación y miedo, las cuales en lugar de enaltecer la educación cívica y forjar el espíritu patriótico de los ciudadanos conlleva a la división y el odio entre hermanos.
Los parámetros de ética y verdad que deberían ser principios fundamentales en el discurso político de quienes desean gobernarnos son atropellados e ignorados, lo que produce un obstáculo inmenso hacia la evolución positiva y madura del sistema democrático en nuestro país.
Inducir el debate honesto, el respeto al adversario y la discusión de planes de gobierno es responsabilidad de sociedades que han crecido y madurado en el sistema democrático y es así como cada uno de nosotros somos responsables de expresarles a los próximos representantes del pueblo que procuren mantenerse bajo esos parámetros.
Todos esperamos que este año sea mejor que el pasado, lo hemos pedido y hemos tomado resoluciones para hacerlo realidad, un paso firme hacia ese fin es hacer patria y hacer patria, entre muchas cosas, es ser salvadoreño antes de nacionalista o revolucionario o cualquier otro termino.
Impulsar la patria hacia un destino de progreso y bienestar como lo deseamos, desde mi punto de vista, consiste, en dejar de ser ideólogos de realidades sociales y políticas de otros pueblos, sino crear nuestro propio proyecto basado en nuestras propias realidades.
Creer que las realidades estadounidense o venezolana son semejantes a la de nuestro país es estar perdido en un laberinto que jamás nos mostrara la salida y nos mantendrá acorralados como hasta ahora.
Otro año vendrá y así las subsecuentes décadas y nuestro país continuara siendo lo que es hoy: Un país del tercer mundo, corrupto hasta los huesos, con altos índices de pobreza, alto costo de la vida, sin justicia, violento y peor que todo sin personalidad propia sino inducida.
INDICE
I. GOBIERNO
1.1 Principio ideológico
1.1.1 Razón doctrinal
1.1.2 Doctrina económica
1.1.3 Doctrina social
1.1.4 Cohesión ciudadana
1.1.5 Coerción
1.1.6 Ética
1.1.7 Verdad
1.2 Principio gubernamental
1.2.1 República
1.2.2 Nación
1.2.3 Estado
II. NUESTRA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI
III. ESTADO DE LIBERTAD Y DERECHO
3.1 Ley
3.1.1 Constitución y leyes de la república
3.1.2 Aplicación imparcial de la ley
3.1.3 Jueces y legisladores
3.1.4 Código Civil
3.1.5 Promulgación
3.1.6 Educación ciudadana
3.2 Orden
3.2.1 Autoridades de seguridad publica
3.2.2 Capacitación y selección
3.2.3 Implemento imparcial del orden publico
3.2.4 Estructura de defensa ciudadana
3.2.5 Estructura de investigaciones y base de datos
3.2.6 Estructura de la defensa e inteligencia nacional
3.2.7 Financiamiento y fiscalización
3.3 Justicia
3.3.1 Autoridades de justicia
3.3.2 Capacitación y selección
3.3.3 Ética equidad y honradez
3.3.4 Ejercicio de la justicia
3.3.5 Justicia Social
3.3.6 Estructura penitenciaria
3.3.7 Reintegración ciudadana
3.3.8 Presupuesto
IV. POLÍTICAS PUBLICAS
4.1 Política estatal
4.1.1 Órgano Ejecutivo
4.1.1.1 Casa Presidencial
4.1.1.2 Gabinete de gobierno
4.1.1.3 Ministerios
4.1.1.4 Autónomas
4.1.1.5 Superintendencias
4.1.1.6 Gobernaciones
4.1.2 Órgano Legislativo
4.1.2.1 Pluralidad ideológica
4.1.2.2 Representatividad
4.1.2.3 Transparencia
4.1.3 Órgano Judicial
4.1.3.1 Consejo nacional de la judicatura
4.1.3.2 Cortes
4.1.3.3 Jueces
4.1.3.4 Financiamiento y administración
4.1.3.5 Sistema carcelario
4.1.3.6 Estructura penitenciaria
4.1.3.7 Reinserción ciudadana
4.1.3.8 Pena capital
4.1.4 Órganos independientes
4.1.4.1 Corte de cuentas de la república
4.1.4.2 Registro nacional de personas naturales
4.1.4.3 Tribunal supremo electoral
4.1.5 Ministerios públicos
4.1.5.1 Procuraduría general de la república
4.1.5.2 Procuraduría para la defensa de los derechos humanos
4.1.5.3 Fiscalía general de la república
4.1.6 Municipalidades
4.1.6.1 Estructura
4.1.6.2 Inversión local
4.1.6.3 Desarrollo local
4.1.6.4 Promoción
4.1.7 Fuerza Armada
4.1.7.1 Institucionalidad
4.1.7.2 Defensa nacional
4.1.7.3 Seguridad ciudadana
4.1.7.4 Programa de reintegración ciudadana
4.1.7.5 Programa de reintegración educativa
4.1.7.6 Equipamiento
4.1.7.7 Adiestramiento
4.1.7.8 Presupuesto y financiamiento
4.1.8 Gobernabilidad
4.1.8.1 Apertura gubernamental
4.1.8.2 Integración sectorial
4.1.8.3 Comités estatales consultores
4.1.8.4 Comisiones ciudadanas
4.1.8.5 Acceso a la información estatal
4.2 Política ciudadana y libertad de prensa
4.2.1 Inversión social
4.2.2 Representatividad
4.2.3 Consulta
4.2.4 Protección
4.2.5 Apoyo
4.2.6 Medios de comunicación
4.3 Política intermediadora
4.3.1 Intermediación sectorial
4.3.2 Promoción de acuerdos intersectoriales
4.3.3 Arbitración de conflictos
4.3.4 Compromisos hacia la unidad social
4.4 Política económica
4.4.1 Administración del tesoro nacional
4.4.2 Banca
4.4.3 Remesas familiares
4.4.4 Prestamos internacionales
4.4.5 Inversión Publica
4.4.6 Inversión Extranjera
4.4.7 Incentivos para la productividad
4.4.8 Competitividad y monopolios
4.4.9 Fuerza laboral
4.4.10 Exportaciones
4.4.11 Importaciones
4.4.12 Industria
4.4.13 Comercio
4.4.14 Tecnología
4.4.15 Pesca
4.4.16 Agricultura
4.4.17 Ganadería
4.4.18 Minería
4.4.19 Turismo
4.4.19.1 Inversión en estructura publica
4.4.19.2 Incentivos para la inversión
4.4.19.3 Recursos humanos
4.4.19.4 Capacitación laboral
4.4.19.5 Promoción del país
4.4.20 Servicios
4.4.21 Puertos y carreteras
4.4.21.1 Aviación
4.4.21.2 Naviera
4.4.21.3 Transporte terrestre
4.4.22 Producción
4.4.23 Fiscalización
4.4.24 Licitaciones
4.4.24.1 Publicación y proceso
4.4.24.2 Empresas nacionales
4.4.24.3 Conglomerados internacionales
4.4.25 Créditos
4.4.26 Tratados comerciales
4.4.27 Globalización
4.4.28 Protección al consumidor
4.4.29 Migración
4.4.30 Emigración
4.4.31 Remigración
4.4.32 Deuda
4.5 Política Educativa
4.5.1 Evaluación magisterial
4.5.2 Capacitación magisterial
4.5.3 Estructura y Expansión
4.5.4 Equipamiento
4.5.5 Plan escolar y horario
4.5.6 Alimentación
4.5.7 Subsidio
4.5.8 Becas al exterior
4.5.9 Presupuesto y financiamiento
4.6 Política laboral
4.6.1 Código laboral
4.6.2 Derechos laborales
4.6.3 Salario mínimo
4.6.4 Estructura de horas laborales
4.6.5 Sindicatos
4.6.6 Descuentos
4.6.7 Capacitación
4.6.8 Subempleo
4.6.9 Desempleo
4.7 Política de salud publica
4.7.1 Estructura
4.7.1.1 Hospitales y clínicas publicas
4.7.1.2 Hospitales y clínicas privadas
4.7.2 Investigación científica y capacitación
4.7.3 Sanidad y control de pestes
4.7.4 Inspección
4.7.5 Acceso a los servicios de salud publica
4.7.6 Enfermedades y salud mental
4.7.7 Prevención epidémica
4.7.8 Emergencia epidémica
4.7.9 Presupuesto y financiamiento
4.8 Política Fiscal
4.8.1 Estudio y análisis fiscal
4.8.2 Capacitación
4.8.3 Incentivos tributarios
4.8.4 Coerción tributaria
4.8.5 Reforma
4.8.6 Captación Retroactiva
4.8.7 Presupuesto y financiamiento
4.9 Política judicial
4.9.1 Ley
4.9.2 Constitución y leyes de la república
4.9.3 Aplicación imparcial de la ley
4.9.4 Jueces y legisladores
4.9.5 Código Civil
4.9.6 Promulgación
4.9.7 Educación ciudadana
4.9.8 Orden
4.9.9 Autoridades de seguridad publica
4.9.10 Capacitación y selección
4.9.11 Implemento imparcial del orden publico
4.9.12 Estructura de defensa ciudadana
4.9.13 Estructura de investigaciones y base de datos
4.9.14 Estructura de la defensa e inteligencia nacional
4.9.15 Financiamiento y fiscalización
4.9.16 Justicia
4.9.17 Autoridades de justicia
4.9.18 Capacitación y selección
4.9.19 Ética equidad y honradez
4.9.20 Ejercicio de la justicia
4.9.21 Justicia Social
4.9.22 Estructura penitenciaria
4.9.23 Reintegración ciudadana
4.9.24 Presupuesto y financiamiento
4.10 Política de seguridad ciudadana
4.10.1 Institucionalidad de la policía nacional civil
4.10.2 Estructura policial
4.10.3 Administración
4.10.4 Selección y reclutamiento
4.10.5 Planeación
4.10.6 Capacitación
4.10.7 Red de seguridad publica
4.10.8 Investigación criminal
4.10.9 Procesamiento delincuencial y criminal
4.10.10 Procesamiento de datos
4.10.11 Equipamiento
4.10.12 Supervisión
4.10.13 Purgación
4.10.14 Delincuencia común
4.10.15 Crimen organizado
4.10.16 Corrupción estatal
4.10.17 Trafico de materiales ilícitos
4.10.18 Programas de prevención social
4.10.19 Presupuesto y financiamiento
4.11 Política de seguridad nacional
4.11.1 Deber constitucional
4.11.2 Protección de las fronteras
4.11.3 Trafico de seres humanos
4.11.4 Trafico de drogas
4.11.5 Trafico de armas y utensilios de guerra
4.11.6 Inteligencia
4.11.7 Contrainteligencia
4.11.8 Deber ciudadano
4.11.9 Educación cívica
4.11.10 Presupuesto y financiamiento
4.12 Política de asistencia social
4.12.1 Salud mental
4.12.2 Salud física
4.12.3 Medicinas
4.12.4 Alimentos
4.12.5 Vivienda
4.12.6 Educación
4.12.7 Transporte
4.12.8 Aborto
4.12.9 VIH y sida
4.12.10 Orfanatos
4.12.11 Asilos de ancianos
4.12.12 Presupuesto y financiamiento
4.13 Política ambiental
4.13.1 Protección de los recursos naturales
4.13.1.1 Mantos acuíferos
4.13.1.2 Geotermia
4.13.1.3 Bosques
4.13.1.4 Manglares
4.13.1.5 Arrecifes
4.13.1.6 Corales
4.13.2 Explotación de los recursos naturales
4.13.2.1 Pesca
4.13.2.2 Agricultura
4.13.2.3 Ganadería
4.13.2.4 Minería
4.13.3 Santuarios naturales
4.13.3.1 Protección de especies
4.13.4 Construcción de estructuras habitacionales, industriales y comerciales
4.13.5 Inspección y control
4.13.6 Investigación científica y capacitación
4.13.7 Manejo de desechos
4.13.8 Presupuesto y financiamiento
4.14 Política energética
4.14.1 Generación de energía
4.14.2 Importación / Exportación
4.14.3 Distribución
4.14.4 Subsidios
4.14.5 Investigación y capacitación técnica
4.14.6 Inversión
4.14.7 Incentivos
4.14.8 Presupuesto y financiamiento
4.15 Política de subsidios
4.15.1 Electricidad
4.15.2 Gas natural
4.15.3 Gasolina
4.15.4 Diesel
4.15.5 Salud
4.15.6 Educación
4.16 Política del transporte publico
4.16.1 Competencia estatal
4.16.2 Inspección y control
4.16.3 Educación ciudadana
4.16.4 Capacitación empresarial
4.16.5 Presupuesto y financiamiento
4.17 Política sobre el orden y la nomenclatura vial
4.17.1 Investigación y análisis
4.17.2 Planeación
4.17.2.1 Ordenamiento peatonal
4.17.2.2 Ordenamiento vehicular
4.17.2.3 Ordenamiento marítimo
4.17.2.4 Ordenamiento aéreo
4.17.3 Nomenclatura
4.17.3.1 Investigación
4.17.3.2 Diseño y Estructura
4.17.3.3 Promoción
4.17.4 Educación ciudadana
4.17.5 Participación ciudadana
4.18 Política migratoria
4.19 Politica cultural y deportes
V. ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
5.1 Casa Presidencial
5.1.1 Presidente
5.1.2 Vicepresidente
5.1.3 Primera Dama
5.2 Ministerios
5.3 Secretarias
VI. PLAN SOCIAL
VII. PLAN ECONOMICO
VIII. PLAN EDUCATIVO
IX. PLAN LABORAL
X. PLAN DE SALUD PUBLICA
XI. PLAN FISCAL
XII. PLAN DE JUSTICIA
XIII. PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
XIV. PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL
XV. PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL
XVI. PLAN DE MEDIO AMBIENTE
XVII. PLAN DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA
17.1 Comunicaciones
17.1.1 Política de comunicaciones
17.1.2 Investigación y Planeación
17.1.3 Estructura vial
17.1.4 Redes de comunicaciones
17.2 Energía
17.2.1 Política energética
17.2.2 Investigación científica
17.2.3 Planificación
17.2.4 Estructura
17.2.5 Inversión
17.2.6 Subsidio ciudadano
17.2.7 Subsidio a la industria y comercio
XVIII. PLAN DE SUBSIDIOS
XIX. PLAN DEL TRANSPORTE PUBLICO
XX. PLAN DE TRANSITO Y NOMENCLATURA
XXI. PLAN MIGRATORIO
XXII. PLAN CULTURAL
XXIII. PLAN DE DEPORTES
XXIV. PLAN DE RELACIONES EXTERIORES
XXV. PRESUPUESTO
* Por Walter Monge-Cruz
waltermonge@comisioncivicademocratica.org
www.comisioncivicademocratica.org
Este documento esta protegido por las leyes internacionales vigentes de © copyright. Su uso para publicacion ha sido permitido exclusivamente a Centroamerica21.com y a Conversaciones con Neto Rivas. Para preguntas o mayor informacion comunicarse con su autor a la direccion electronica : monge@bc-law.net
Mi República I
El Salvador abre una página muy importante en el libro de su historia este nuevo año, el cual entre abrazos, besos, buenos deseos, celebración y resoluciones, ha iniciado; similarmente inicio el año pasado, la década pasada y consecuentemente década tras década desde los principios de la república.
Nacionalismo y revolución. Dos conceptos que constituirán el tema más importante dentro del dialogo transnacional salvadoreño de este año, el cual es, la democracia. Ambos conceptos ideológicos tienen dividida a la nación bajo los nombres, libertad, que promueven los nacionalistas y esperanza, de parte de los revolucionarios.
El sistema democrático de nuestro país ha evolucionado de una manera positiva a partir de la firma de los acuerdos de paz, los cuales en dos días cumplirán dieciséis años de haber dado fin a la guerra civil.
Sin duda, la transparencia electoral es el logro más importante dentro de nuestra democracia, aunque, la elección libre de representantes del estado, genere corrupción, crimen, inseguridad social y económica, pobreza, alto costo de la vida, emigración, servicios sociales mediocres, etc.
Tras dieciocho años de gobierno nacionalista, el mensaje presidencial de fin de año se mantiene invariable, el mensaje opositor de la misma manera tampoco cambia, mas las condicionas de vida del pueblo que cree en la libertad y la esperanza, si cambia, pero no de la manera propicia, no de la manera prometida por nacionalistas y revolucionarios.
El Salvador sin remesas familiares, remesas productivas y el turismo de la diáspora, sería sin duda un país extremadamente pobre y con poca esperanza. En la guerra, la ayuda económica del gobierno estadounidense, fue la fuente principal para hacer funcionar nuestra economía; en la paz, la emigración con sus remesas es esa fuente.
Claramente en esta realidad, las políticas públicas del nacionalismo y de la revolución, después de una década en la cual ambos han gobernado el destino de nuestra república, no han sido capaces de crear un sistema democrático estable y sano, el cual produzca progreso sustantivo y bienestar equitativo a la nación.
Ambas ideologías sostendrán una batalla sin precedentes en nuestra historia este año, ambos conceptos ideológicos mantendrán que son lo que el país necesita para salir adelante, ambos partidos políticos que representan estas ideologías invadirán los medios de comunicación para atraer votantes y así mantener vivo el sistema democrático.
Muchos de los temas importantes de la nación quedaran relegados y muchas de las necesidades del pueblo ignoradas, debido a la concentración de la atención de parte de los representantes del estado al proselitismo ideológico, quienes esperan impacientes este periodo para hacer la política que ellos conocen y que los identifica.
Inmersos, en discursos de logros, promesas, temor y esperanza que el proceso de propaganda política dictara en el transcurso del año, los ciudadanos en las fronteras patrias tendrán que decidir su futuro bajo la influencia de los mismos políticos quienes por medio siglo han moldeado el país que ahora El Salvador es.
No existe desde mi punto de vista algo nuevo, que pueda ser una causa de cambio que influya positivamente en la realidad social y económica del pueblo o que signifique esperanza para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.
Otras caras, mismos ideales, similares respuestas.
Para los políticos nacionalistas y revolucionarios, hacer política significa defender ideologías copiadas de realidades sociales de otros pueblos, como el capitalismo y el socialismo, aplicar sus doctrinas a la realidad salvadoreña y establecer políticas publicas que han demostrado ser deficientes para resolver las grandes necesidades y retos de la república.
Otra forma de hacer política de los nacionalistas y revolucionarios, es evadir el debate de altura y promover campañas de difamación, acusación y miedo, las cuales en lugar de enaltecer la educación cívica y forjar el espíritu patriótico de los ciudadanos conlleva a la división y el odio entre hermanos.
Los parámetros de ética y verdad que deberían ser principios fundamentales en el discurso político de quienes desean gobernarnos son atropellados e ignorados, lo que produce un obstáculo inmenso hacia la evolución positiva y madura del sistema democrático en nuestro país.
Inducir el debate honesto, el respeto al adversario y la discusión de planes de gobierno es responsabilidad de sociedades que han crecido y madurado en el sistema democrático y es así como cada uno de nosotros somos responsables de expresarles a los próximos representantes del pueblo que procuren mantenerse bajo esos parámetros.
Todos esperamos que este año sea mejor que el pasado, lo hemos pedido y hemos tomado resoluciones para hacerlo realidad, un paso firme hacia ese fin es hacer patria y hacer patria, entre muchas cosas, es ser salvadoreño antes de nacionalista o revolucionario o cualquier otro termino.
Impulsar la patria hacia un destino de progreso y bienestar como lo deseamos, desde mi punto de vista, consiste, en dejar de ser ideólogos de realidades sociales y políticas de otros pueblos, sino crear nuestro propio proyecto basado en nuestras propias realidades.
Creer que las realidades estadounidense o venezolana son semejantes a la de nuestro país es estar perdido en un laberinto que jamás nos mostrara la salida y nos mantendrá acorralados como hasta ahora.
Otro año vendrá y así las subsecuentes décadas y nuestro país continuara siendo lo que es hoy: Un país del tercer mundo, corrupto hasta los huesos, con altos índices de pobreza, alto costo de la vida, sin justicia, violento y peor que todo sin personalidad propia sino inducida.
INDICE
I. GOBIERNO
1.1 Principio ideológico
1.1.1 Razón doctrinal
1.1.2 Doctrina económica
1.1.3 Doctrina social
1.1.4 Cohesión ciudadana
1.1.5 Coerción
1.1.6 Ética
1.1.7 Verdad
1.2 Principio gubernamental
1.2.1 República
1.2.2 Nación
1.2.3 Estado
II. NUESTRA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI
III. ESTADO DE LIBERTAD Y DERECHO
3.1 Ley
3.1.1 Constitución y leyes de la república
3.1.2 Aplicación imparcial de la ley
3.1.3 Jueces y legisladores
3.1.4 Código Civil
3.1.5 Promulgación
3.1.6 Educación ciudadana
3.2 Orden
3.2.1 Autoridades de seguridad publica
3.2.2 Capacitación y selección
3.2.3 Implemento imparcial del orden publico
3.2.4 Estructura de defensa ciudadana
3.2.5 Estructura de investigaciones y base de datos
3.2.6 Estructura de la defensa e inteligencia nacional
3.2.7 Financiamiento y fiscalización
3.3 Justicia
3.3.1 Autoridades de justicia
3.3.2 Capacitación y selección
3.3.3 Ética equidad y honradez
3.3.4 Ejercicio de la justicia
3.3.5 Justicia Social
3.3.6 Estructura penitenciaria
3.3.7 Reintegración ciudadana
3.3.8 Presupuesto
IV. POLÍTICAS PUBLICAS
4.1 Política estatal
4.1.1 Órgano Ejecutivo
4.1.1.1 Casa Presidencial
4.1.1.2 Gabinete de gobierno
4.1.1.3 Ministerios
4.1.1.4 Autónomas
4.1.1.5 Superintendencias
4.1.1.6 Gobernaciones
4.1.2 Órgano Legislativo
4.1.2.1 Pluralidad ideológica
4.1.2.2 Representatividad
4.1.2.3 Transparencia
4.1.3 Órgano Judicial
4.1.3.1 Consejo nacional de la judicatura
4.1.3.2 Cortes
4.1.3.3 Jueces
4.1.3.4 Financiamiento y administración
4.1.3.5 Sistema carcelario
4.1.3.6 Estructura penitenciaria
4.1.3.7 Reinserción ciudadana
4.1.3.8 Pena capital
4.1.4 Órganos independientes
4.1.4.1 Corte de cuentas de la república
4.1.4.2 Registro nacional de personas naturales
4.1.4.3 Tribunal supremo electoral
4.1.5 Ministerios públicos
4.1.5.1 Procuraduría general de la república
4.1.5.2 Procuraduría para la defensa de los derechos humanos
4.1.5.3 Fiscalía general de la república
4.1.6 Municipalidades
4.1.6.1 Estructura
4.1.6.2 Inversión local
4.1.6.3 Desarrollo local
4.1.6.4 Promoción
4.1.7 Fuerza Armada
4.1.7.1 Institucionalidad
4.1.7.2 Defensa nacional
4.1.7.3 Seguridad ciudadana
4.1.7.4 Programa de reintegración ciudadana
4.1.7.5 Programa de reintegración educativa
4.1.7.6 Equipamiento
4.1.7.7 Adiestramiento
4.1.7.8 Presupuesto y financiamiento
4.1.8 Gobernabilidad
4.1.8.1 Apertura gubernamental
4.1.8.2 Integración sectorial
4.1.8.3 Comités estatales consultores
4.1.8.4 Comisiones ciudadanas
4.1.8.5 Acceso a la información estatal
4.2 Política ciudadana y libertad de prensa
4.2.1 Inversión social
4.2.2 Representatividad
4.2.3 Consulta
4.2.4 Protección
4.2.5 Apoyo
4.2.6 Medios de comunicación
4.3 Política intermediadora
4.3.1 Intermediación sectorial
4.3.2 Promoción de acuerdos intersectoriales
4.3.3 Arbitración de conflictos
4.3.4 Compromisos hacia la unidad social
4.4 Política económica
4.4.1 Administración del tesoro nacional
4.4.2 Banca
4.4.3 Remesas familiares
4.4.4 Prestamos internacionales
4.4.5 Inversión Publica
4.4.6 Inversión Extranjera
4.4.7 Incentivos para la productividad
4.4.8 Competitividad y monopolios
4.4.9 Fuerza laboral
4.4.10 Exportaciones
4.4.11 Importaciones
4.4.12 Industria
4.4.13 Comercio
4.4.14 Tecnología
4.4.15 Pesca
4.4.16 Agricultura
4.4.17 Ganadería
4.4.18 Minería
4.4.19 Turismo
4.4.19.1 Inversión en estructura publica
4.4.19.2 Incentivos para la inversión
4.4.19.3 Recursos humanos
4.4.19.4 Capacitación laboral
4.4.19.5 Promoción del país
4.4.20 Servicios
4.4.21 Puertos y carreteras
4.4.21.1 Aviación
4.4.21.2 Naviera
4.4.21.3 Transporte terrestre
4.4.22 Producción
4.4.23 Fiscalización
4.4.24 Licitaciones
4.4.24.1 Publicación y proceso
4.4.24.2 Empresas nacionales
4.4.24.3 Conglomerados internacionales
4.4.25 Créditos
4.4.26 Tratados comerciales
4.4.27 Globalización
4.4.28 Protección al consumidor
4.4.29 Migración
4.4.30 Emigración
4.4.31 Remigración
4.4.32 Deuda
4.5 Política Educativa
4.5.1 Evaluación magisterial
4.5.2 Capacitación magisterial
4.5.3 Estructura y Expansión
4.5.4 Equipamiento
4.5.5 Plan escolar y horario
4.5.6 Alimentación
4.5.7 Subsidio
4.5.8 Becas al exterior
4.5.9 Presupuesto y financiamiento
4.6 Política laboral
4.6.1 Código laboral
4.6.2 Derechos laborales
4.6.3 Salario mínimo
4.6.4 Estructura de horas laborales
4.6.5 Sindicatos
4.6.6 Descuentos
4.6.7 Capacitación
4.6.8 Subempleo
4.6.9 Desempleo
4.7 Política de salud publica
4.7.1 Estructura
4.7.1.1 Hospitales y clínicas publicas
4.7.1.2 Hospitales y clínicas privadas
4.7.2 Investigación científica y capacitación
4.7.3 Sanidad y control de pestes
4.7.4 Inspección
4.7.5 Acceso a los servicios de salud publica
4.7.6 Enfermedades y salud mental
4.7.7 Prevención epidémica
4.7.8 Emergencia epidémica
4.7.9 Presupuesto y financiamiento
4.8 Política Fiscal
4.8.1 Estudio y análisis fiscal
4.8.2 Capacitación
4.8.3 Incentivos tributarios
4.8.4 Coerción tributaria
4.8.5 Reforma
4.8.6 Captación Retroactiva
4.8.7 Presupuesto y financiamiento
4.9 Política judicial
4.9.1 Ley
4.9.2 Constitución y leyes de la república
4.9.3 Aplicación imparcial de la ley
4.9.4 Jueces y legisladores
4.9.5 Código Civil
4.9.6 Promulgación
4.9.7 Educación ciudadana
4.9.8 Orden
4.9.9 Autoridades de seguridad publica
4.9.10 Capacitación y selección
4.9.11 Implemento imparcial del orden publico
4.9.12 Estructura de defensa ciudadana
4.9.13 Estructura de investigaciones y base de datos
4.9.14 Estructura de la defensa e inteligencia nacional
4.9.15 Financiamiento y fiscalización
4.9.16 Justicia
4.9.17 Autoridades de justicia
4.9.18 Capacitación y selección
4.9.19 Ética equidad y honradez
4.9.20 Ejercicio de la justicia
4.9.21 Justicia Social
4.9.22 Estructura penitenciaria
4.9.23 Reintegración ciudadana
4.9.24 Presupuesto y financiamiento
4.10 Política de seguridad ciudadana
4.10.1 Institucionalidad de la policía nacional civil
4.10.2 Estructura policial
4.10.3 Administración
4.10.4 Selección y reclutamiento
4.10.5 Planeación
4.10.6 Capacitación
4.10.7 Red de seguridad publica
4.10.8 Investigación criminal
4.10.9 Procesamiento delincuencial y criminal
4.10.10 Procesamiento de datos
4.10.11 Equipamiento
4.10.12 Supervisión
4.10.13 Purgación
4.10.14 Delincuencia común
4.10.15 Crimen organizado
4.10.16 Corrupción estatal
4.10.17 Trafico de materiales ilícitos
4.10.18 Programas de prevención social
4.10.19 Presupuesto y financiamiento
4.11 Política de seguridad nacional
4.11.1 Deber constitucional
4.11.2 Protección de las fronteras
4.11.3 Trafico de seres humanos
4.11.4 Trafico de drogas
4.11.5 Trafico de armas y utensilios de guerra
4.11.6 Inteligencia
4.11.7 Contrainteligencia
4.11.8 Deber ciudadano
4.11.9 Educación cívica
4.11.10 Presupuesto y financiamiento
4.12 Política de asistencia social
4.12.1 Salud mental
4.12.2 Salud física
4.12.3 Medicinas
4.12.4 Alimentos
4.12.5 Vivienda
4.12.6 Educación
4.12.7 Transporte
4.12.8 Aborto
4.12.9 VIH y sida
4.12.10 Orfanatos
4.12.11 Asilos de ancianos
4.12.12 Presupuesto y financiamiento
4.13 Política ambiental
4.13.1 Protección de los recursos naturales
4.13.1.1 Mantos acuíferos
4.13.1.2 Geotermia
4.13.1.3 Bosques
4.13.1.4 Manglares
4.13.1.5 Arrecifes
4.13.1.6 Corales
4.13.2 Explotación de los recursos naturales
4.13.2.1 Pesca
4.13.2.2 Agricultura
4.13.2.3 Ganadería
4.13.2.4 Minería
4.13.3 Santuarios naturales
4.13.3.1 Protección de especies
4.13.4 Construcción de estructuras habitacionales, industriales y comerciales
4.13.5 Inspección y control
4.13.6 Investigación científica y capacitación
4.13.7 Manejo de desechos
4.13.8 Presupuesto y financiamiento
4.14 Política energética
4.14.1 Generación de energía
4.14.2 Importación / Exportación
4.14.3 Distribución
4.14.4 Subsidios
4.14.5 Investigación y capacitación técnica
4.14.6 Inversión
4.14.7 Incentivos
4.14.8 Presupuesto y financiamiento
4.15 Política de subsidios
4.15.1 Electricidad
4.15.2 Gas natural
4.15.3 Gasolina
4.15.4 Diesel
4.15.5 Salud
4.15.6 Educación
4.16 Política del transporte publico
4.16.1 Competencia estatal
4.16.2 Inspección y control
4.16.3 Educación ciudadana
4.16.4 Capacitación empresarial
4.16.5 Presupuesto y financiamiento
4.17 Política sobre el orden y la nomenclatura vial
4.17.1 Investigación y análisis
4.17.2 Planeación
4.17.2.1 Ordenamiento peatonal
4.17.2.2 Ordenamiento vehicular
4.17.2.3 Ordenamiento marítimo
4.17.2.4 Ordenamiento aéreo
4.17.3 Nomenclatura
4.17.3.1 Investigación
4.17.3.2 Diseño y Estructura
4.17.3.3 Promoción
4.17.4 Educación ciudadana
4.17.5 Participación ciudadana
4.18 Política migratoria
4.19 Politica cultural y deportes
V. ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
5.1 Casa Presidencial
5.1.1 Presidente
5.1.2 Vicepresidente
5.1.3 Primera Dama
5.2 Ministerios
5.3 Secretarias
VI. PLAN SOCIAL
VII. PLAN ECONOMICO
VIII. PLAN EDUCATIVO
IX. PLAN LABORAL
X. PLAN DE SALUD PUBLICA
XI. PLAN FISCAL
XII. PLAN DE JUSTICIA
XIII. PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
XIV. PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL
XV. PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL
XVI. PLAN DE MEDIO AMBIENTE
XVII. PLAN DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA
17.1 Comunicaciones
17.1.1 Política de comunicaciones
17.1.2 Investigación y Planeación
17.1.3 Estructura vial
17.1.4 Redes de comunicaciones
17.2 Energía
17.2.1 Política energética
17.2.2 Investigación científica
17.2.3 Planificación
17.2.4 Estructura
17.2.5 Inversión
17.2.6 Subsidio ciudadano
17.2.7 Subsidio a la industria y comercio
XVIII. PLAN DE SUBSIDIOS
XIX. PLAN DEL TRANSPORTE PUBLICO
XX. PLAN DE TRANSITO Y NOMENCLATURA
XXI. PLAN MIGRATORIO
XXII. PLAN CULTURAL
XXIII. PLAN DE DEPORTES
XXIV. PLAN DE RELACIONES EXTERIORES
XXV. PRESUPUESTO
* Por Walter Monge-Cruz
waltermonge@comisioncivicademocratica.org
www.comisioncivicademocratica.org
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